Los plazos de pago del sector público y de las empresas disminuyen un 21% y un 9%, respectivamente

El presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), Antoni Cañete, ha presentado el estudio anual de la entidad, del que se desprende que en 2013 mejoraron los plazos de pago tanto por parte del sector privado (-8,6%) como del público (-21,3%), si bien todavía se está lejos de los periodos establecidos en la ley.

Según el informe de la PMcM, elaborado a partir de cerca de 1.000 encuestas realizadas a sus organizaciones asociadas, las AA.PP. tardaron en 2013 en pagar a sus proveedores casi cuatro veces más que lo que marcaba la Ley (30 días), a una media de 111, un registro inferior en 30 días al que se estimó para el año anterior, que fue de 141 días. Por su parte, en 2013 el plazo medio de pago en el sector privado fue de 85 días (frente a los 60 que establecía la Ley), lo que supuso una disminución de ocho días respecto a las estimaciones efectuadas para 2012 (93 días).

Estas mejoras se perfilan “todavía insuficientes porque las cifras distan mucho de los plazos permitidos por la ley”, ha asegurado el presidente de la PMcM, quien recordó que “hay que acabar cuanto antes con este tipo de abusos; la lacra de la morosidad ha causado el cierre de un tercio de las 500.000 empresas que han desaparecido desde el inicio de la crisis”.

Datos del estudio han desvelado que el 68,1% de las empresas encuestadas (solo 2,7 puntos porcentuales menos que el año anterior), tuvo durante 2013 contratos o acuerdos comerciales con clientes del sector privado que les exigían plazos de pago superiores a los 60 días que establecía la Ley 15/2010, “una situación de abuso que desde la PMcM denunciamos el año pasado en reiteradas ocasiones”, señaló Cañete.

El informe también apunta que el ratio de morosidad (porcentaje de impagos respecto al total de facturación) se cifró en el 5,1%, lo que significó una reducción de 1,9 puntos porcentuales respecto a 2012 (7%). En caso de sufrir impagos, solo un cuarto de los encuestados exigió a sus clientes morosos los intereses de demora, frente al 75% restante que nunca o casi nunca lo hicieron durante 2013. Entre las causas que apunta Cañete, podría deberse “sobre todo más al miedo que al propio desconocimiento”, basándose en que el 79,5% de los encuestados ha asegurado conocer la existencia de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre y de las modificaciones introducidas por el art. 33 de la Ley 11/2013, de 26 de julio, aunque bien es cierto que “no deja de sorprender que un 20,5% de las empresas aún la desconozca”.

Esta mejora, en peligro por dos nuevas normativas Pese a los avances registrados en el ámbito de la morosidad, la PMcM ha denunciado a través de su presidente que dos nuevas normativas ponen en peligro esta mejora: “Estos cambios legislativos del Gobierno podrían significar un paso atrás en la buena dirección que había seguido hasta el momento en materia de morosidad”, afirmó Cañete, instándole a que “suprima las nuevas normas que permiten volver a alargar los plazos de pago discrecionalmente”.

Una de ellas es el anteproyecto de Ley de Fomento de la Financiación Empresarial, concretamente dos de sus disposiciones, que permiten, en los casos en los que la deuda o el crédito se cedan a un tercero, el pacto entre las empresas superando los 60 días establecidos por ley. De ponerse en marcha, se encarecerían los costes de las pymes para cobrar en plazo, empeorando una vez más su situación financiera.

La otra modificación que pide la PMcM es la del artículo 216 de la Ley de Contratos del Sector Público, con el objetivo de que las Administraciones Públicas respeten el plazo de 30 días para aprobar las certificaciones de obra tal y como marca la Ley de morosidad, y acabar así con la posibilidad de que puedan alargar los plazos de pago mediante acuerdo entre las partes. En opinión de Cañete, “si no se rectifican estas normas sin duda empeorará la situación de pymes y autónomos para cobrar de acuerdo a los plazos legales”.