La asociación ha puesto el foco sobre el problema de la pobreza energética, ya que considera que no está suficientemente contemplado en el CTE.
Esta nueva normativa actualiza la legislación vigente en este ámbito en la Unión Europea, que data de 2011.
Este cambio supone un punto de inflexión para el sector, ya que introduce nuevas obligaciones técnicas que deben ser adoptadas por todos los actores implicados en el diseño, fabricación y ejecución de estructuras.
El Código Técnico de la Edificación debe someterse a modificaciones periódicas para adaptarse a los avances tecnológicos del sector, a las demandas de la sociedad y a la evolución legislativa de aquella normativa con la que tiene relación.
La ministra de Vivienda ha evidenciado en cambio de tendencia en la gestión con respecto de la anterior crisis económica, que ahora mira “hacia un horizonte verde, de lucha contra el cambio climático, de mejora de todos los edificios, también de los públicos”.
Isabel Rodríguez apela “a la suma de esfuerzos de los sectores público y privado para alcanzar el objetivo común de que no haya nadie que tenga que dedicar más del 30% de su renta al pago del alquiler o la cuota de su hipoteca”.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha afirmado en la inauguración de Contart 2024: “Acabamos de recibir la última redacción de la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios, que tendremos que transponer y ser más ambiciosos”.
Durante la Asamblea General de 2024 de Andimat, el Ministerio para la Transición Ecológica ha anunciado que está gestionando ya el cambio de la unidad de medida de los CAE a kWh/año, tal como demanda la asociación.
De la reunión en la Moncloa con los representantes de la construcción, se salió con el compromiso de fortalecer la colaboración público-privada para incrementar el parque público y los procesos de agilización para incrementar la vivienda asequible.
La tramitación de la norma pasa ahora a las Cortes Generales para otorgarle "seguridad jurídica" y "evitar que los errores de carácter formal que sean subsanables” puedan conllevar la nulidad total de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística.
Corresponden al Programa de Rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales, que está dotado de 3.420 millones de euros, para conseguir 160.000 actuaciones este año y 410.000 hasta junio de 2026.
Según la nueva versión del EPBD, para el año 2030 España tendrá que tomar medidas para garantizar una reducción de la energía primaria media de un 16% en los edificios, y de al menos un 20 y un 22% para 2035.