La ministra de Vivienda ha evidenciado en cambio de tendencia en la gestión con respecto de la anterior crisis económica, que ahora mira “hacia un horizonte verde, de lucha contra el cambio climático, de mejora de todos los edificios, también de los públicos”.
Isabel Rodríguez apela “a la suma de esfuerzos de los sectores público y privado para alcanzar el objetivo común de que no haya nadie que tenga que dedicar más del 30% de su renta al pago del alquiler o la cuota de su hipoteca”.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha afirmado en la inauguración de Contart 2024: “Acabamos de recibir la última redacción de la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios, que tendremos que transponer y ser más ambiciosos”.
Durante la Asamblea General de 2024 de Andimat, el Ministerio para la Transición Ecológica ha anunciado que está gestionando ya el cambio de la unidad de medida de los CAE a kWh/año, tal como demanda la asociación.
De la reunión en la Moncloa con los representantes de la construcción, se salió con el compromiso de fortalecer la colaboración público-privada para incrementar el parque público y los procesos de agilización para incrementar la vivienda asequible.
La tramitación de la norma pasa ahora a las Cortes Generales para otorgarle "seguridad jurídica" y "evitar que los errores de carácter formal que sean subsanables” puedan conllevar la nulidad total de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística.
Corresponden al Programa de Rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales, que está dotado de 3.420 millones de euros, para conseguir 160.000 actuaciones este año y 410.000 hasta junio de 2026.
Según la nueva versión del EPBD, para el año 2030 España tendrá que tomar medidas para garantizar una reducción de la energía primaria media de un 16% en los edificios, y de al menos un 20 y un 22% para 2035.
La Eurocámara dio ayer su respaldo al acuerdo establecido con el Consejo para implementar una ley que busca reducir el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector de la construcción.
APPA Renovables y AEE denuncian que el anteproyecto de ley que el Gobierno de Aragón está impulsando, para gravar las inversiones en energías limpias, amenaza el desarrollo renovable en esta región, poniendo en grave riesgo miles de millones de euros en inversiones y miles de empleos que hoy se dedican a las energías renovables en Aragón.
La normativa que afecta a los equipos y servicios de seguridad contra incendios durante 2023 ha experimentado cambios y actualizaciones. En total se han publicado 26 normas UNE. El desarrollo normativo es fundamental para un sector clave en la seguridad de vidas, bienes y medio ambiente, y que afecta a equipos que se activan solo en caso de emergencia por incendio, como explican desde (Tecnifuego).
La Unión de Empresas Siderúrgicas entiende que es una buena noticia porque supone dotar a todos los operadores del sector de un marco legal que evita la incertidumbre, aunque duda de que, “más allá de los buenos deseos, garantice que la industria disponga de electricidad en los términos competitivos que precisa”.