La tramitación de la norma pasa ahora a las Cortes Generales para otorgarle "seguridad jurídica" y "evitar que los errores de carácter formal que sean subsanables” puedan conllevar la nulidad total de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística.
Tras el visto bueno del Gobierno al texto en primera lectura, dará comienzo el trámite de audiencia e información pública. El objetivo es que entre en vigor antes de finalizar 2023. El nuevo texto ayudará a promover actuaciones de rehabilitación y construcción de vivienda social en alquiler para conformar ciudad y mejorar el entorno rural, contribuyendo a los objetivos del Plan de Recuperación.