Presentado al Consejo de Ministros el anteproyecto para modificar la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha presentado este martes, 13 de diciembre, al Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley para la modificación del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Tras el visto bueno en primera lectura, se abrirá el trámite de audiencia e información pública, además del proceso de participación de las comunidades y ciudades autónomas, así como de la Administración local, a través de los informes correspondientes.

Con esta tramitación, se trata de garantizar el mayor consenso posible en torno al anteproyecto antes de su envío a las Cortes para su tramitación parlamentaria. El objetivo es que el nuevo texto entre en vigor antes de que finalice el año 2023.

La reforma articula mecanismos para garantizar la operatividad real de la función pública a la hora de organizar y definir el uso del territorio y el suelo de acuerdo con el interés general. El objetivo, según explica el ministerio en una nota, “es evitar la paralización durante años del planeamiento territorial de numerosos municipios por defectos menores que son fácilmente subsanables. Este hecho provocaba una enorme inseguridad jurídica y enormes perjuicios económicos”.

Y es que -continúa la nota ministerial- “la consideración de estos planes como reglamentos ha ocasionado que cualquier defecto, ya fuera material o puramente formal, tuviera como consecuencia su nulidad de pleno derecho, sin posibilidad alguna de subsanación. Dicha decisión provocaba, a su vez, la nulidad en cascada de todo lo aprobado, ya fueran planes parciales y especiales, reparcelaciones o licencias, lo que ha generado una enorme inseguridad jurídica y enormes perjuicios sociales”.

Subsanación de defectos formales

Con este anteproyecto se pretende garantizar la seguridad jurídica, y a la vez posibilitar la subsanación de defectos formales de estas revisiones urbanísticas, trabajadas, en muchos casos, en periodos de hasta 10 años, “facilitando a los ayuntamientos afrontar una modificación de un planeamiento al reducirse el riesgo de que se declare nulo por un defecto de forma subsanable”.

Según el ministerio, también debe protegerse la nueva visión de la preservación del medio ambiente fruto de los compromisos internacionales, el necesario desarrollo de una política de vivienda y de toda la política económica del país. “En todos estos intereses está presente el principio de seguridad jurídica que debe regir procesos muy complicados y también dilatados en el tiempo”.

La reforma ayudará también a agilizar los procedimientos para que, por ejemplo, las actuaciones de rehabilitación edificatoria y de construcción de vivienda social en alquiler sigan avanzando para regenerar las ciudades, facilitar el acceso a la vivienda o mejorar los entornos rurales, ayudando, así, a seguir cumpliendo los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Eliminación de trabas y cuellos de botella

Por ello, se introducen modificaciones que conseguirán mayor simplificación burocrática y mejoras en la tramitación de las autorizaciones de obras de rehabilitación que tienen que impulsar las comunidades y ciudades autónomas y los ayuntamientos: “De esta forma se eliminan trabas y cuellos de botella para ayudar a reducir los tiempos de espera para obtener dichas autorizaciones”, aseguran desde el Mitma.

Además, se trata de una reforma perfectamente alineada con la Agenda Urbana Española, cuyo objetivo específico 10.1 contempla la mejora de la gobernanza y de los instrumentos de intervención para lograr un marco normativo y de planeamiento actualizado, riguroso y simplificado.

Desde el ministerio añaden que esta modificación de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana “es muy necesaria y demandada por las administraciones urbanísticas, que ven frustrados procesos muy largos y complejos de revisión y actualización de planes territoriales y urbanísticos que resultan imprescindibles para la política de vivienda y para la entera política social y económica, a causa de una interpretación ampliamente superada, que los asimila a los reglamentos”.

Ante dicha asimilación, se declara la nulidad absoluta de planes en los que se ha trabajado durante muchos años, haciendo primar la formalidad del trámite frente a la defensa de los importantes intereses públicos que contienen: “No se trata de un problema único de España, ya que en países del entorno también se enfrentaron a problemas similares y se han adoptado medidas normativas de diferente calado para atajarlos. En Francia, Italia o Alemania ya están en vigor y surtiendo efectos positivos”, concluyen.