El anteproyecto de Ley Orgánica de FP apuesta por un sistema único que conecta la formación con el empleo

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, presentó este martes, 15 de junio, al Consejo de Ministros, en primera lectura, el borrador del anteproyecto de la futura Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional. El texto consolida el sistema único de Formación Profesional impulsado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP), que integra la FP del sistema educativo y la FP para el empleo en un solo modelo al servicio de estudiantes y trabajadores empleados o desempleados.

“Uno de los objetivos prioritarios del ministerio que dirijo es transformar la Formación Profesional. Queremos que sea de primer nivel, que dé respuesta a las demandas del mercado laboral y responda a los intereses, expectativas y aspiraciones de cualificación profesional de las personas a lo largo de su vida”, destacó Isabel Celaá.

Desde hace años existe un desequilibrio entre el nivel de formación y las necesidades del mercado laboral. En 2021, en España solo 25% de la población activa dispone de cualificación intermedia y el 35% tiene cualificación baja 

“El nuevo modelo de Formación Profesional se sustenta en la participación, la corresponsabilidad pública y privada, la estrecha vinculación entre los centros de formación y las empresas, la conexión de la oferta con la realidad laboral, la innovación, la investigación aplicada o el emprendimiento”, añadió.

Con la nueva norma, y el Plan de Modernización de la Formación Profesional que ya se está desarrollando, el MEFP quiere convertir estas enseñanzas en un itinerario de primera para jóvenes y trabajadores, que permita también la actualización continua de sus competencias profesionales.

Desequilibrio entre formación y necesidades

Como apuntan desde el ministerio, desde hace años existe un desequilibrio entre el nivel de formación y las necesidades del mercado laboral. En 2021, en España solo 25% de la población activa dispone de cualificación intermedia y el 35% tiene cualificación baja.

Sin embargo, en 2025, el 50% de los trabajos requerirán un nivel de cualificación media (técnicos y técnicos superiores de Formación Profesional) y solo el 16% un nivel bajo, según datos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional.

En el ámbito de la formación de la población activa, España dedica 17 horas anuales por trabajador, ocupando así el puesto 61 entre 100 países, según el Foro Económico Mundial. En Alemania, que ocupa el puesto 10, se invierten 50 horas.

Además, según los últimos datos de la última Encuesta de Población Activa, el 46% de la población activa carece de acreditación profesionalizante, lo que resta valor añadido a las empresas y sitúa a los trabajadores y trabajadoras en una situación más vulnerable. Por otra parte, solo el 12% de los jóvenes españoles están matriculados en Formación Profesional, frente al 25% en la Ocde y el 29% en la Unión Europea.

Para superar estos retos, el anteproyecto que acaba de presentarse establece “un nuevo ordenamiento más flexible, que responde a las demandas de Formación Profesional de la ciudadanía”.

De las microformaciones a los cursos de especialización

La futura norma establece una oferta única, modular y flexible de Formación Profesional dirigida, por primera vez, a estudiantes y trabajadores (tanto empleados como desempleados) y ordenada en itinerarios formativos que permiten la progresión a través de cinco grados ascendentes:

•Grado A: Acreditación parcial de competencias

•Grado B: Certificado de Competencia Profesional

•Grado C: Certificado Profesional

•Grado D: Ciclos Formativos (Grado Básico, Grado Medio y Grado Superior)

•Grado E: Cursos de especialización (título de especialista y Máster Profesional)

Con el nuevo sistema, el MEFP prevé acreditar las competencias profesionales de más de tres millones de trabajadores en cuatro años, de las cuales 450.000 se inician este año

Esta nueva estructura facilitará el acceso a todo un abanico de formaciones de distinta duración y volumen de aprendizajes que incluye, por primera vez, unidades formativas o microformaciones (Grado A), hasta alcanzar los títulos y cursos de especialización (Grados D y E). De esta forma, cada persona podrá diseñar y configurar itinerarios propios adaptados a sus expectativas profesionales, sus circunstancias personales o sus necesidades laborales.

Toda la FP será Dual

Toda la oferta en ciclos de los Grados C, D y E tendrá carácter dual y se dividirá en dos tipos:

• Formación Profesional Dual general: con un periodo de estancia en empresa de entre el 25% y el 35% de la duración total de la formación, y el compromiso de la empresa de asumir hasta un 20% de los contenidos y resultados de aprendizaje del currículo. En esta tipología, la fase dual se distribuirá a lo largo de todos los cursos y no tendrá carácter laboral.

• Formación Profesional Dual avanzada: con una formación en empresa entre el 35% y el 50% de la duración total de la formación, así como la impartición por parte del centro de trabajo de hasta un 40% de los módulos profesionales del currículo. En esta modalidad se establece una relación contractual del estudiante con la entidad.

Se refuerza así la relación entre los centros de Formación Profesional y los centros de trabajo de su entorno. La formación se impartirá tras una distribución previa entre ambas partes de las tareas formativas y de los contenidos curriculares, siempre bajo la responsabilidad de las CCAA y los centros.

El contacto con la empresa se promoverá a partir del primer trimestre de formación y cada estudiante deberá disponer de un plan personalizado. El texto incorpora la figura del tutor dual del centro y del tutor dual de empresa que llevarán a cabo, entre otras tareas, la evaluación de los aprendizajes del alumnado en cada uno de sus respectivos espacios, aunque la evaluación final será responsabilidad del centro educativo.

Acreditación de competencias

La norma también agiliza el sistema de acreditación de competencias profesionales adquiridas mediante la experiencia laboral y vías no formales de formación. El texto consolida el procedimiento abierto de manera permanente para cualquier competencia iniciado el pasado mes de marzo con la aprobación del Real Decreto 143/2021BOE.

Hasta ese momento, el proceso de acreditación de competencias era lento y poco eficiente, hasta el punto de que en una década, tan solo 300.000 personas pudieron lograr la acreditación de sus competencias. Con el nuevo sistema, el MEFP prevé acreditar las competencias profesionales de más de tres millones de trabajadores en cuatro años, de las cuales 450.000 se inician este año.

Instrumentos de gestión

El anteproyecto de ley crea nuevos instrumentos de gestión para ordenar el nuevo sistema de Formación Profesional: 

• Se crea un Registro Estatal de Formación Profesional, que permitirá a cualquier ciudadano acceder al mismo y obtener un informe de vida formativa-profesional actualizado con su experiencia formativa.

• Se crea también un Catálogo Modular de Formación Profesional, en el que se determinarán los módulos profesionales vinculados a cada uno de los estándares de competencia, y un Catálogo de Ofertas de Formación Profesional, que determinará el conjunto de las acciones formativas disponibles.

• Además, se sustituye el actual Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales por el Catálogo de Estándares de Competencia Profesional, en línea con la terminología europea.

Nuevo cuerpo docente

En cuanto al profesorado de Formación Profesional, la futura ley prevé la creación un nuevo cuerpo de profesores especialistas en sectores singulares de Formación Profesional, al que podrán acceder técnicos superiores de FP en determinadas especialidades. 

Además, incluye como docentes de Formación Profesional del Sistema Educativo a los profesores y formadores que prestan servicios en centros o entidades no pertenecientes al Sistema Educativo. El borrador de anteproyecto también facilita que los docentes actualicen su formación con estancia en empresas.

La futura ley también atiende a una de las recomendaciones de la Unión Europea en materia de internacionalización. El documento regula la participación en proyectos y organismos internacionales, la convocatoria de proyectos de formación entre centros españoles y extranjeros, así como la movilidad de alumnado y profesorado entre centros de distintos países.

El texto presentado este martes en primera lectura por Isabel Celaá inicia ahora su tramitación formal con las aportaciones de interlocutores sociales e informes de diferentes órganos consultivos para volver de nuevo al Consejo de Ministros. Tras su aprobación por el Gobierno, comenzará la tramitación parlamentaria en ambas cámaras en el último trimestre del año.