Nace el Observatorio de Nuevos Riesgos de Incendio: exige al Gobierno reforzar la normativa

Doce entidades del ámbito de la ingeniería, la seguridad y la edificación se han unido para reclamar al Gobierno una revisión de la actual normativa española en materia de protección contra incendios en los edificios, con el objeto de endurecer las exigencias a los productos y sistemas utilizados en fachadas, una de las vías más rápidas de transmisión de incendios en un edificio. A nivel mundial, este tipo de incendios en grandes edificios se han multiplicado por siete en los últimos 30 años. 

La seguridad contra incendios debe ser una prioridad en la edificación. Con esta máxima nace el Observatorio de Nuevos Riesgos de Incendio, una plataforma inicialmente compuesta por entidades de diferentes ámbitos que este jueves se ha dado a conocer y ha presentado su manifiesto fundacional. 

En el documento, la entidad solicita nuevas medidas en la normativa actual para limitar la propagación vertical y horizontal del fuego y exige la no combustibilidad en los componentes y sistemas utilizados en edificios considerados sensibles, bien por su alta ocupación; por su gran altura (a partir de 18 metros); por contar con dificultades de evacuación (hospitales, colegios, residencias de mayores) o por tener fachadas de difícil acceso para los equipos de intervención. En este sentido, el Observatorio de Nuevos Riesgos de Incendio calcula que en España el 15% del parque inmobiliario responde a edificaciones de especial sensibilidad. 

“La actual normativa, el Código Técnico de la Edificación (CTE), fue aprobada en 2019, tras el incendio de la Torre Grenfell en Londres, pero sigue siendo insuficiente y menos estricta que la de la mayor parte de países europeos”, afirma Andrés Pedreira, director del Observatorio de Nuevos Riesgos de Incendio. “En el entorno europeo, España se encuentra a la cola en cuanto a exigencias regulatorias en la prevención de la propagación de incendios por fachadas”, continúa. 

Concretamente, Francia, Alemania, Reino Unido y países nórdicos, entre otros muchos, exigen el uso de materiales no combustibles en los sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE) de edificios de gran altura, tanto en obra nueva como en rehabilitación y la mayoría reconoce en su normativa la existencia de edificios de alto riesgo, más allá de la altura.

En España, sin embargo, la normativa es menos exigente y el CTE permite materiales combustibles por encima de los 18 metros de altura en fachadas SATE o fachadas ventiladas y no están contemplados ni regulados los edificios de alto riesgo. En cuanto a los edificios de altura media, los países antes mencionados siguen apostando por la seguridad: mientras Dinamarca, Reino Unido y Suecia solo aceptan materiales no combustibles, Francia, Chequia o Bélgica exigen un grado de combustibilidad menor y exigen barreras cortafuegos en los forjados. En esta tipología de edificios, de menor riesgo, la legislación española también es más laxa que la de otros países europeos. 

Sensibilización pública

“El Observatorio nace para promover la sensibilización y toma de conciencia de la sociedad y de los reguladores sobre la relevancia de revisar la legislación actual de forma que se garantice la seguridad de las edificaciones en nuestro país”, señala Andrés Pedreira. 

A este respecto, y según los datos de la entidad, la propagación de incendios en edificios es hoy seis veces más rápida que en la década de 1950 y el número de intervenciones de los bomberos por incendios en edificios —incluido el uso residencial— ha experimentado una tendencia ascendente en los últimos años, pasando de 22.506 en 2016 a 32.437 en 2022. Sin embargo, según una reciente encuesta del INE, 8 de cada 10 españoles consideran que su hogar no tiene ningún problema de aislamiento, lo cual arroja datos preocupantes en relación a la percepción de la población sobre sus edificios. “Se hace más necesario que nunca hacer llegar a la ciudadanía información para facilitar la distinción de un edificio seguro del que no lo es, contribuyendo a su tranquilidad y a la toma de decisiones informadas ante la compra de una vivienda o la necesidad de rehabilitación de la misma”, detalla Pedreira. 

Eficiencia energética y seguridad

En paralelo, la Unión Europea ha impuesto medidas ambiciosas a los Estados miembros para ahorrar energía mediante la rehabilitación y aislamiento de edificios y lograr un parque inmobiliario cero emisiones y descarbonizado en 2050. Esto conlleva frecuentemente el uso de aislamiento por el exterior, lo que en ocasiones provoca un efecto colateral al recurrir a materiales combustibles, de forma que, por la necesaria mejora de la eficiencia energética, en muchos casos se empeora la seguridad, tal y como recoge el manifiesto fundacional del Observatorio.

“La búsqueda de ahorro y eficiencia energética en los edificios, para lo que con frecuencia se recurre a aislamientos combustibles, no puede comprometer la seguridad de las personas que viven o trabajan en ellos y la de los equipos de intervención”, concluye Pedreira. En el caso de España, el parque inmobiliario está envejecido (45 años de media) y más de 9 millones de edificios requieren rehabilitación para estar adecuadamente aislados frente al frío o calor. Según datos del Observatorio de Nuevos Riesgos de Incendio, en España actualmente se realizan entre 30.000 y 40.000 rehabilitaciones de edificios, cifra que debería multiplicarse por diez para llegar a las exigencias de Europa (26% del parque inmobiliario total). 

Representantes de sectores diferentes, unidos por la seguridad 

De momento, son ya doce las entidades que reclaman contar con criterios más exigentes para mejorar la seguridad contra incendios de los edificios con el fin de evitar las fatales consecuencias de la propagación del fuego, como el reciente incendio de Campanar, y desde el Observatorio esperan que próximamente se unan muchas más. 

En concreto, las entidades adheridas son: Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB); Consejo General de Colegios Oficiales de graduados e ingenieros técnicos industriales de España (COGITI); Asociación de Fabricantes de Lanas Minerales Aislantes (AFELMA); Asociación Española de Sociedades de Protección contra Incendios (Tecnifuego); Fundación Fuego; Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida (Hispalyt); Asociación Española de Empresas de Seguridad (AES); Asociación de Empresas e Expertos de Seguridad de Galicia (AESGA); Asociació Catalana d’Empreses de Seguretat (ACAES); European Fire Sprinkler Network; Unión de Asociaciones de Seguridad (UAS) y Fundación Inade.