La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, presentó este jueves, 6 de octubre, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023, calificados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) como “los más sostenibles, sociales y ambiciosos de los últimos 13 años”, con los que el ministerio que dirige busca contribuir de forma importante a facilitar el acceso a una vivienda digna y energéticamente eficiente a jóvenes y familias con rentas limitadas, así como a promover una movilidad sostenible y digital, accesible a todos.
“Son unos presupuestos progresistas para cambiar España, con los que duplicamos las inversiones del anterior gobierno, y que generarán 310.000 empleos y suponen el 1,6% de nuestro PIB. Son sostenibles porque el 60% de nuestras inversiones tienen etiqueta verde y se centran en descarbonizar nuestra movilidad de largo recorrido y nuestras ciudades”, aseguró Raquel Sánchez durante la presentación de las cuentas.
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 incluye así una dotación de 21.273 millones de euros para el Mitma, de los que 16.550 millones de euros se destinarán a inversiones en vivienda, infraestructuras y movilidad, tanto directas como a través de las comunidades y ciudades autónomas y de las entidades locales, a las que se les transferirán 4.100 millones de euros. “Estas cuentas representan la mayor asignación desde 2011, con un alza del 9% respecto a los presupuestos de 2022”, señaló la ministra.
Ante la creciente dificultad de acceder a viviendas dignas, adecuadas y asequibles, el ministerio destinará en 2023 a vivienda el mayor presupuesto de su historia: 3.462 millones de euros, un 5% más que en los presupuestos de 2022.
La estrategia de Mitma para facilitar el acceso a una vivienda digna y poner coto al fuerte aumento del precio de los alquileres pivota sobre tres ejes: incremento de la oferta, rehabilitación residencial y ayudas directas a los jóvenes. Así, entre otras partidas, las cuentas de 2023 incluyen 200 millones de euros para la segunda anualidad del Bono Alquiler Joven, 836 millones para promover la construcción de viviendas en alquiler social o asequible, que incluyen 260 millones de euros de transferencias a Sepes para promover las viviendas en suelo público; 880 millones de euros para ejecutar los programas de rehabilitación residencial del PRTR mediante transferencias a las CCAA, Ceuta y Melilla; o 421 millones de euros para Plan Estatal de Vivienda.
En este sentido, cabe destacar que los presupuestos incluyen una partida de 1.100 millones de euros para impulsar las políticas de rehabilitación edificatoria y de aumento del parque en alquiler social o asequible mediante la concesión de préstamos. Los fondos corresponden a la parte de créditos reembolsables del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) acordado por el Consejo Europeo para acelerar la recuperación de la economía tras la pandemia del Covid-19.
Desde Mitma afirman que, con los PGE de 2023, “se contribuirá a alcanzar el hito de ejecutar 510.000 actuaciones de rehabilitación residencial antes de 2026, reduciendo más de un 7% la demanda de calefacción o refrigeración y recortando al menos un 30% el consumo de energía primaria no renovable”. También se avanzará en el compromiso de construir 100.000 viviendas en alquiler social o asequible y a facilitar el acceso a una vivienda digna a más de 270.000 jóvenes.
Cumplir con el PRTR
Este enorme esfuerzo no sería posible sin la contribución que suponen los fondos europeos del Plan de Recuperación, cuya ejecución avanza según Mitma, y que aportan 5.070 millones de euros al presupuesto para cumplir los objetivos y compromisos: “De nuestra inversión directa, ya se han movilizado el 72% de los fondos: cerca de 5.500 millones de euros licitados de los que ya hemos adjudicado dos terceras partes. Con estos presupuestos aseguramos que en 2023 habremos comprometido toda la inversión directa del PRTR. En lo que respecta a la inversión indirecta, ya hemos realizado algo más de la mitad de las transferencias. Y, con los presupuestos de este año, aseguramos la práctica totalidad de las transferencias del Plan en 2023”, anunció la ministra.
Por otro lado, el ministerio contempla invertir 2.666 millones de euros de los PGE en mantener y ampliar la red de carreteras del Estado (RCE) con especial interés en la conservación de la infraestructura, a la que se dedicará 1.548 millones de euros, un 5,2% más que en los PGE 2022. “Seguimos, por tanto, corrigiendo el déficit de mantenimiento que arrastraba una parte de nuestra red viaria”, defendió la ministra.
Según Mitma, el objetivo es que la RCE esté en las mejores condiciones para potenciar la seguridad vial y avanzar en su transformación para incrementar su eficiencia y que cada vez sean más humanas y sostenibles.
El proyecto, denominado Balin, forma parte del programa Hazitek de la agencia vasca de desarrollo empresarial SPRI, del Gobierno vasco.
“Tenemos que ser exigentes y pedirle a la Administración que nos dé garantías. Y la garantía puede ser en forma de certificado de sostenibilidad, seguro trienal u otra que valide la propia Administración”, afirma el presidente de Cepco.
Una solución a este desafío es la climatización adiabática, que consiste en el proceso natural de enfriamiento mediante la evaporación del agua.
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