La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha defendido que la Agenda Urbana Española representa un nuevo contrato social con la ciudadanía cuya base está en la cooperación entre administraciones. Así lo expresó este lunes, 19 de julio, en Barcelona, durante el acto de firma de siete Protocolos de Actuación suscritos con los ayuntamientos de Sant Boi de Llobregat, Viladecans, Gavà, Terrassa, Granollers y Sant Feliu de Llobregat, así como con la Diputación de Barcelona, para la elaboración de los Planes de acción Local de la Agenda Urbana Española.
La ministra agradeció a los alcaldes y la presidenta de la Diputación su ambición de transformar los deseos en realidades y las ideas en hechos al decidir sumarse a esta estrategia para mejorar la calidad de vida de las personas. En su opinión, juntos se enfrenta mejor el triple reto territorial, demográfico y socioeconómico, y también se da mejor respuesta a las necesidades de los ciudadanos.
En su intervención, Sánchez abogó por ciudades justas y solidarias que combatan la pobreza y la marginalidad, que respiren igualdad de género, así como ciudades verdes adaptadas al cambio climático y energéticamente eficientes, comprometidas con una movilidad sostenible y con la accesibilidad universal, y económicamente dinámicas sin fracturas sociales.
A su juicio, problemas globales como la emergencia climática o la desigualdad deben empezar a resolverse desde el ámbito local, al mismo tiempo que hay que reordenar lo desordenado porque las ciudades ya no piden expandirse sino rellenarse y regenerarse.
En este contexto, Sánchez afirmó que la rehabilitación será esencial, recordando que es donde pone el acento el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este plan cuenta con una inversión en programas de rehabilitación energética e integral de viviendas, edificios y barrios en entornos rurales y urbanos que asciende a 6.820 millones de euros.
Con cargo a este programa, la ministra recordó que el último Consejo de Ministros autorizó la propuesta de reparto de 1.631 millones de euros entre las comunidades y ciudades autónomas para la ejecución de programas de este ámbito, al tiempo que anunció que este mismo miércoles se celebrará la Conferencia Sectorial de Vivienda para su aprobación.
En su intervención, la ministra aseguró que es un imperativo proteger lo que de verdad hace ciudad, como son los comercios, las asociaciones y, sobre todo, los vecinos. En este contexto, defendió que todos han de tener acceso a la vivienda porque los derechos no han de ser sueños imposibles, sino que han de poder ejercerse de manera efectiva.
Asimismo, aseguró que el Gobierno sacará adelante la ley de Vivienda, una de sus prioridades como ministra, que haga que todas las personas tengan acceso a una vivienda digna y asequible.
De esta forma, la ministra se ha propuesto dar un impulso a la política de vivienda, si bien apostilló que no parte de cero, recordando las ayudas al alquiler para personas vulnerables, para jóvenes, para la mejora de la habitabilidad, la promoción de vivienda social, así como otras ayudas extraordinarias puestas en marcha por el Gobierno para combatir los efectos de la pandemia.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha transferido a Generalitat de Cataluña casi 225 millones de euros para desarrollar los programas del Plan Estatal de Vivienda. En el marco de este plan, se han suscrito 37 acuerdos para fomentar el parque de vivienda en alquiler, que engloban un total de 1.148 viviendas en Barcelona, Gerona y Lérida. Además, se han suscrito otros tres acuerdos de rehabilitación y regeneración urbana destinados a un total de 746 viviendas en Barcelona y su área metropolitana.
A esto se suman las cerca de 5.000 viviendas resultado de los protocolos firmados con el Ayuntamiento y el Área Metropolitana de Barcelona para impulsar la promoción de vivienda de alquiler asequible y para las que ha dicho que se van a transferir 17 millones de euros este 2021.
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