CIC Arquitectura Digital.- La Comisión Europea (CE) ha compendiado toda la legislación vigente que rige las evaluaciones de impacto ambiental de la construcción en la nueva directiva sobre la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que entró en vigor el pasado 17 de febrero. Con este texto modificado y más conciso la CE pretende reducir la carga administrativa y facilitar el trabajo de los estados miembros a la hora de llevar a cabo este tipo de análisis.
La directiva sobre la EIA y sus tres revisiones posteriores se han refundido en un único texto legislativo más transparente y legible, sin alterar sus disposiciones originales. En este sentido, el comisario europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik, ha subrayado que la directiva es un instrumento eficaz para responder a las preocupaciones ambientales en el diseño de los proyectos de construcción, especificando que “los cambios se dirigen a simplificar el formato original, haciendo que sea más accesible, clara jurídicamente y fácil de hacer cumplir”.
El proceso de revisión comenzó en 2010 y pretende reforzar la protección del medio ambiente prevista en la legislación y reducir la carga administrativa. El Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron la directiva EIA codificada el 13 de diciembre de 2011 y su texto se publicó el 28 de enero de 2012.
En cuanto a la evaluación del impacto ambiental, se trata de un procedimiento encaminado a garantizar que las repercusiones de los proyectos de construcción en el entorno se evalúen y se tengan en cuenta antes de que la autoridad competente tome una decisión sobre la autorización del proyecto.
El proceso de revisión de la directiva finalizará a lo largo de este año, cuando el Ejecutivo comunitario presente su propuesta de revisión de la directiva codificada. Por su parte, los cambios futuros se centrarán más en el contenido que en la forma.
Los principios comunes de la evaluación ambiental de los proyectos públicos y privados se definieron inicialmente en la directiva EIA de 1985. Desde entonces, se han realizado distintas modificaciones (en 1997, 2003 y 2009) para garantizar que los proyectos que puedan tener un efecto significativo en el medio ambiente se evalúen adecuadamente antes de su aprobación. Además, los promotores pueden adaptar los proyectos para reducir al mínimo sus repercusiones negativas antes de que éstas se produzcan. En este sentido, la Unión Europea (UE) pretende impedir que las autoridades puedan incorporar medidas paliativas en la autorización de los proyectos.
Por otra parte, la directiva asegura la participación de la sociedad en los procedimientos de toma de decisiones en materia de medio ambiente. Durante el período de evaluación del proyecto, la población afectada debe ser informada y poder presentar sus observaciones sobre las propuestas de los promotores, facilitando así la toma de decisiones fundadas.
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