Nuestra profesión, al igual que la sociedad española, se encuentra desde hace tiempo inmersa en un proceso de profundo cambio y renovación, que afecta a la actividad profesional de los arquitectos y a las instituciones que los representan.
Llevamos demasiado tiempo hablando de las dificultades económicas de nuestro país, que han sido especialmente intensas en el sector de la arquitectura. Es cierto que una reflexión sobre los motivos de la actual situación y las decisiones que nos han traído a ella es importante, pero es más urgente aún proponer soluciones a corto plazo para solucionar esta grave situación de dificultades económicas de los arquitectos y del resto de profesionales de nuestro sector. Por ello, debatir sobre nuestro futuro y del modelo económico y social que queremos construir a largo plazo es imprescindible para avanzar.
Y antes de cuestionar si el sector de la construcción en España está preparado para los cambios, debemos pensar primero si como sociedad hemos recuperado la ilusión por la arquitectura, por la ciudad, por la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos en los espacios que todos compartimos. Éste sería el mejor signo de que se ha superado la etapa anterior y estamos preparados para afrontar una nueva etapa, en al que en primer lugar debemos crear las condiciones legislativas y financieras para que se produzca una transformación del sector de la construcción.
En nuestro caso, son conocidas las reivindicaciones de los arquitectos frente a las modificaciones que se pretendían realizar en base a la Ley de Servicios y Colegios Profesionales y que parece que finalmente no se aprobaran en esta legislatura. Más allá de los detalles coyunturales de esta propuesta de ley, nuestro objetivo final de esta labor es la defensa de la arquitectura y sus profesionales, porque entendemos que es un bien patrimonial que pertenece a todos los ciudadanos, que tienen la obligación de recibirlo, cuidarlo, ampliarlo y transmitirlo a las futuras generaciones con un marcado carácter de intemporalidad. Estas mismas palabras son las que fundamentan nuestras reivindicaciones ante el Gobierno.
Puesta en valor del patrimonio construido
Por ello, hemos defendido que el sector de la construcción debe basarse en la puesta en valor del patrimonio construido mediante la regeneración urbana y la rehabilitación de las edificaciones con criterios de calidad y sostenibilidad. El CSCAE propone que la rehabilitación sea abordada con un enfoque arquitectónico integral o arquitectónico y que estas actuaciones se hagan visibles a los ciudadanos, demostrándoles que es posible alcanzar niveles de calidad en sus edificios y barrios a la vez que se mantienen los valores urbanos, históricos y culturales de la ciudad construida.
No hemos sido capaces aún de transformarnos desde un modelo basado en la producción de vivienda nueva hacia otras actividades enfocadas a la intervención y rehabilitación de edificios y la regeneración de la ciudad
Sin duda, para alcanzar estos objetivos, sería necesario redefinir el sector de la construcción en nuestro país. A pesar de los años de crisis económica, no hemos sido capaces aún de transformarnos desde un modelo basado en la producción de vivienda nueva hacia otras actividades enfocadas a la intervención y rehabilitación de edificios y la regeneración de la ciudad. Algunos instrumentos normativos como la Ley 8/2013 han tratado de eliminar barreras que impiden esta transformación, pero son necesarios instrumentos más ágiles y una gestión más eficiente por parte de todos los agentes implicados.
Creemos que la redefinición del sector de la construcción no es posible sin la reconsideración de la existencia de baremos de honorarios para los servicios profesionales, cuyo fin es orientar al cliente hacia la relación precio/calidad en un mercado como el de servicios de arquitectura que en España ha funcionado a oscuras y que, por supuesto, es asimétrico. En Alemania, por ejemplo, existen baremos orientativos y están funcionando correctamente. El CSCAE está en contacto con nuestro colegas europeos para estudiar el funcionamiento de esta cuestión en los diversos países europeos, demostrando que, a pesar del elevado nivel de nuestros profesionales, los arquitectos españoles cobramos muy por debajo de los arquitectos europeos.
La forma habitual de adjudicación de los concursos de arquitectura tampoco está colaborando con el objetivo de mejorar el trabajo profesional de los arquitectos para ofrecer mejores servicios a la sociedad ya que el actual modelo ha derivado en un sistema en el que lo que más prima es la propuesta de honorarios más barata y no los criterios de calidad del trabajo presentado. Está demostrado que la realización de trabajos profesionales de arquitectura de calidad son, a la larga, los más rentables social y económicamente porque evitan situaciones de descontrol y sobrecoste y evitan situaciones irregulares en la gestión de lo público. Por eso consideramos prioritario el cambio de estos procedimientos por otros que garanticen que la resolución de cada concurso se realiza también en base a criterios de calidad, o precio/calidad, así como el ajuste de los procedimientos para que el enorme esfuerzo que hacen los arquitectos para presentarse a cualquier concurso sea de alguna manera remunerado.
Todas estas reflexiones resumen parte del trabajo que hemos realizado en los últimos años desde las instituciones colegiales y marcan las líneas de trabajo para los próximos años, que esperamos nos permitan seguir mejorando para un mejor servicio a la sociedad en la defensa de la arquitectura
Durante sus tres días de duración, el evento abordará esta temática de forma transversal y expondrá las innovaciones que están surgiendo a fin de potenciar el mercado y adaptarse a los nuevos estilos de vida.
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