El CSCAE celebra el arranque de la Ley de Arquitectura y Calidad del Entorno Construido

El Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) celebra el inicio de la tramitación de la Ley de Arquitectura y Calidad del Entorno Construido con la consulta pública previa que arranca este miércoles, 1 de julio. El texto, publicado en la web del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, constata el impacto directo que tiene el diseño del entorno construido en el día a día de las personas y, en consecuencia, plantea el reconocimiento de la arquitectura y la calidad del entorno edificado como “elementos básicos para la mejora de las condiciones de vida”. Es decir, como “un bien de interés general que los poderes públicos deben preservar, difundir y fomentar” para garantizar el bien común y la cohesión social. Se trata, como se indica en la motivación de la ley, de “trascender el hecho de construir un edificio para empezar a considerar la arquitectura como instrumento capaz de promover valores como la cohesión social, la supresión de desigualdades y discriminaciones, la flexibilidad y adaptabilidad necesaria para responder a escenarios futuros, la generación de distintas identidades o la investigación e innovación”.

Para el presidente del CSCAE, Lluís Comerón, la Ley de Arquitectura y Calidad del entorno construido será fundamental para garantizar un bienestar duradero que contribuya al desarrollo económico y social de nuestro país. De ahí la importancia de que, en su tramitación, cuente con el mayor de los consensos por el interés general: “En el confinamiento hemos sido conscientes del valor que tienen los espacios que habitamos y la importancia de la arquitectura en nuestro bienestar. Es el momento de promover la arquitectura y la calidad del entorno construido por su capacidad de dar respuesta a los retos medioambientales, a las necesidades actuales de habitabilidad, seguridad, accesibilidad y salud, y como elemento de identidad y cohesión social, en tanto que factores clave en el bienestar de las personas”, subraya Comerón, que destaca la necesidad de “un marco legal adecuado que impulse las transformaciones que precisan nuestros pueblos, ciudades y territorios para seguir respondiendo a las demandas y retos actuales, garantizando unas condiciones de trabajo adecuadas para los profesionales y las empresas del sector”.

Desde el CSCAE, que lleva años trabajando en esta iniciativa legislativa, se valora que la futura Ley de Arquitectura y Calidad del Entorno Construido promoverá el papel ejemplarizante de las administraciones públicas en los procedimientos de contratación en arquitectura garantizando la calidad en sus actuaciones, fomentará la participación ciudadana en el conocimiento y la difusión de la calidad arquitectónica, apostará por procesos innovadores y que se mejorarán aspectos del marco normativo para facilitar el impulso de la rehabilitación y renovación urbana, de acuerdo con las directrices de la Agenda Urbana Española con el fin de mejorar la eficiencia energética, la accesibilidad, la habitabilidad y la adaptación a las nuevas formas de vida y de trabajo del parque construido existente, incrementando su calidad y capacidad de dar la respuesta adecuada a nuestras necesidades actuales.

Antecedentes en Europa y en España

Según se expone en el texto publicado en la web del ministerio, el proyecto de ley cuya tramitación arranca ahora obedece a la necesidad de complementar la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), del año 1999, teniendo en cuenta la dimensión cultural e interés público de la arquitectura y de la calidad del entorno construido para mejorar la calidad de vida y la relación de los ciudadanos con su entorno, contribuyendo a la cohesión social.

La necesidad de proteger el patrimonio arquitectónico y, con ello, los valores culturales de los pueblos, preservando el interés general de la ciudadanía, se ha traducido en la aprobación de normas similares en diferentes países de nuestro entorno desde la década de 1970. Como señalan desde el CSCAE, Francia fue el primer país de la UE en contar con una Ley de Arquitectura, en el año 1977, y Lituania la aprobó en 2017. También en España, en los últimos años, se han producido avances con la aprobación de legislaciones específicas en varias comunidades autónomas, como Extremadura y Cataluña.

Nueva cultura del habitar (baukultur)

En el conjunto de la Unión Europea y también en nuestro país, la promoción de la calidad del entorno construido está ligada a la Declaración de Davos y al concepto de baukultur, una palabra alemana, traducida como “cultura del habitar”, que comprende todas las actividades humanas que modifican el entorno construido: desde los edificios existentes, incluidos los monumentos y otros elementos del patrimonio cultural, hasta el diseño y la construcción de edificios modernos, infraestructuras, espacios públicos y paisajes.

Desde el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España recuerdan que el punto de partida de la Declaración de Davos fue la Conferencia de ministros de Cultura celebrada en esta ciudad suiza del 20 al 22 de enero de 2018, en vísperas de la reunión anual del Foro Económico Mundial. Está suscrita por la Comisión Europea, el Consejo de Europa, la mayoría de los gobiernos de la Unión Europea y otras entidades no gubernamentales del ámbito de la cultura, la arquitectura y el patrimonio, como son Unesco, Europa Nostra, el Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración de los Bienes Culturales (ICCROM) y el Consejo de Arquitectos de Europa (CAE). En España, sus principales promotores han sido el CSCAE y los colegios de arquitectos, que han conseguido extender su conocimiento por todo el territorio y que la suscriban más de un centenar de entidades, incluido el Gobierno, a través de sus ministerios de Cultura y Fomento.

A principios de año, la Unión Europea constituyó un grupo de expertos en baukultur, que está trabajando en las políticas comunitarias que parten de la convicción de que la arquitectura es la “disciplina que alcanza el equilibrio adecuado entre los aspectos cultural, social, económico, medioambiental y técnico para el bien común”, concluyen fuentes del CSCAE.