Ante la subida registrada, sin precedentes, de los precios de los materiales desde el segundo semestre del 2020, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), ha expuesto que el RDL 3/2022 de medidas excepcionales de revisión de precios “mitigará los efectos de dicho aumento solo parcialmente”, según las palabras de su presidente, Julián Núñez, “al omitir la revisión del término de la energía y excluir a la práctica totalidad de contratos formalizados en 2021”.
Según Seopan, el pasado año los precios se incrementaron en los siguientes términos: acero corrugado +21%, aluminio +33%, cobre +22%, madera +32%, petróleo +46%, gasoil A +26%, electricidad +584% y gas +278%. Debido a que esta situación, lejos de resolverse, “se ha agravado en el primer trimestre de 2022”, añaden que harán falta medidas adicionales para incorporar a los contratos formalizados a partir de 2021.
Además, según los datos expuestos, el presupuesto no ejecutado por el Estado se elevó, el año pasado, a 3.683 M€ de obras sin ejecutar entre los dos grandes ministerios inversores y la contratación pública por concesiones “se mantiene prácticamente inexistente”, con tan solo 490 millones de euros (M€) licitados en 2021 (-95% desde los máximos de 2010).
La licitación pública creció un +68% en 2021 hasta alcanzar los 23.647 M€ (un +23,4% superior al nivel preCovid de 2019, pero un -38,7% inferior al máximo de 2009) y la contratación pública, por su parte, lo hizo en un +67,4%, hasta alcanzar los 12.022 M€ (pero superando en apenas un +3,5% el nivel preCovid y siendo un -60% inferior al máximo de 2009). Con relación a las bajas en contratación pública, apuntan, “el registro sigue siendo alarmante, con un 19,2% de riesgo”.
La producción en construcción nacional del agregado de compañías asociadas en Seopan crece en 2021 un 6,6% hasta los 6.473 M€, pero se consolida la pérdida de relevancia de producción para las administraciones públicas (AAPP), ya que, “por primera vez desde el inicio de la serie estadística en 2014, la producción en construcción adscrita a clientes privados representa más que la demandada por las AAPP; un 55% de la producción total”, afirmó el presidente de Seopan.
Por otro lado, las restricciones a la movilidad que duraron hasta el 9 de mayo de 2021 supusieron en el periodo 2020/2021 pérdidas de tráfico del -25,6% en concesiones de autopistas (-44,5% en 2020 y -1,6% de 2021) y del -17,4% en autovías de primera generación (-25,8% en 2020 y -9% en 2021). “Esta situación, no resuelta por las últimas regulaciones, implicará la judicialización de la controversia en demanda del reequilibrio económico de los contratos”, apuntan desde Seopan.
El objetivo de los fondos europeos de recuperación es impulsar la recuperación social y económica inherente a la crisis sanitaria y, a la vez, acelerar el cumplimiento dicha agenda Agenda 2030 pero, según matizan desde Seopan, “no es un plan de inversión pública y únicamente el 10% del total de fondos consignados -el 24% de los fondos del Mitma y Miterd- en los presupuestos generales del estado en 2021 y 2022 se destinan a la creación de infraestructura de obra civil, siendo preciso impulsar los mecanismos de colaboración público-privada para poder acometer los proyectos prioritarios que nuestro país necesita”.
El impulso de los fondos europeos en la actividad nacional de 2022 podrá generar una actividad adicional de 3.830 M€, equivalente al 3% de la producción nacional, impulsada por la actividad de rehabilitación en edificación residencial con 2.400 M€, la obra civil con 870 M€ y la edificación no residencial con 560 M€.
Además, según las últimas previsiones de inversión de la Comisión Europea (CE) para 2022-2023, la inversión pública total prevista en España en 2022/2023 será un 61% inferior a la media de las tres mayores economías europeas, resultando un -53%, -65% y -67% menos que Italia, Alemania y Francia, respectivamente. En términos de ratio inversor por habitante y superficie, España ocupa de nuevo la última posición del ranking inversor europeo, con 1.486 € /km2 106 hab.
Las inversiones más urgentes detectadas para cumplir la Agenda 2030 representan más de 243.000 M€ repartidos en: 23.825 M€ en Agua y Medio Ambiente, que permitirían cerrar los expedientes de sanciones abiertos por la CE en depuración y tratamiento de residuos; 58.322 M€ en infraestructuras de transporte para garantizar una movilidad sostenible y segura, recuperar inversiones en infraestructuras de transporte público, actuar en la red viaria convencional para reducir la fatalidad e invertir en la red ferroviaria convencional y en estaciones de transporte intermodal para promover el transporte ferroviario de mercancías; 134.118 M€ para cumplir los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) en materia de eficiencia energética, energía renovable, autoconsumo, almacenamiento e infraestructura de recarga para garantizar la movilidad eléctrica; 21.400 M€ en infraestructuras de salud para reforzar la capacidad de nuestro sistema hospitalario e igualar nuestra capacidad asistencial al ratio medio de la OCDE; y 6.000 M€ en creación de infraestructura verde en entornos urbanos.
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