Hacia una edificación más segura: la necesidad de reforzar la normativa contra incendios en España

El 2024 estuvo marcado por la tragedia del incendio en el edificio de Campanar, Valencia. Este suceso conmocionó a la sociedad española y puso de manifiesto las graves carencias de nuestra normativa en seguridad contra incendios. Al cumplirse casi un año, es el momento de reflexionar y, sobre todo, de actuar para evitar que se repitan tragedias similares.

Una de las lecciones más importantes que nos deja este desafortunado incidente es la velocidad con la que el fuego puede propagarse por las fachadas de los edificios. A menudo subestimadas, las fachadas son una de las vías más rápidas y peligrosas para la propagación de incendios. Aunque la normativa actual incluye medidas generales de seguridad, estas no son suficientes para afrontar los riesgos específicos que plantea el uso de materiales combustibles en las fachadas, como se vio en Valencia. 

Pero, además, las cifras lo confirman: en las últimas tres décadas, los incendios en fachadas de grandes edificios se han multiplicado por siete y la propagación de incendios en edificios es seis veces más rápida que en 1950. Unos datos que, por sí solos, deberían alarmarnos.

La seguridad contra incendios, una asignatura pendiente en España

En España, nos encontramos con un parque inmobiliario envejecido, con una antigüedad media de 45 años y una creciente demanda de rehabilitaciones energéticas. Más de 9 millones de edificios necesitan mejoras para cumplir con los estándares de eficiencia energética establecidos por la Unión Europea y para garantizar un aislamiento adecuado frente al frío y el calor. Sin embargo, estas rehabilitaciones, que frecuentemente incluyen sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE), pueden aumentar el riesgo de propagación de incendios si no están reguladas adecuadamente.

Precisamente, el incremento de víctimas mortales por fuego y explosiones en viviendas ha experimentado una tendencia ascendente en la última década. En 2023, España alcanzó cifras preocupantes: 249 personas perdieron la vida por incendios o explosiones, siendo 173 de ellas en viviendas, según un reciente informe de la Fundación Mapfre y la APTB. Este es el número más alto registrado desde 2010 y evidencia la necesidad de actuar para frenar esta tendencia.

El problema radica en que el Código Técnico de la Edificación (CTE) no impone restricciones suficientes al uso de materiales combustibles en las fachadas, en las cámaras ventiladas o en los SATE de edificios de gran altura. Esto representa un riesgo muy grave en caso de incendio debido a la predisposición de estos materiales a facilitar la rápida propagación del fuego. Además, la normativa actual tampoco contempla condiciones especiales para edificios especialmente sensibles, como hospitales, colegios, residencias de mayores o edificios de alta ocupación.

Esta falta de regulación pone en peligro no sólo a los residentes y trabajadores, sino también a los equipos de intervención, que se enfrentan a situaciones extremadamente adversas cuando deben intervenir en un incendio de estas características. Es fundamental que las estrategias de sostenibilidad y eficiencia energética vayan de la mano con medidas de seguridad. No podemos permitir que las soluciones diseñadas para reducir el consumo energético aumenten el riesgo de incendios y pongan en riesgo las vidas de las personas.

Un problema que trasciende fronteras

España no es el único país que ha enfrentado tragedias relacionadas con la propagación de incendios en fachadas. El incendio de la Torre Grenfell, en Londres, en 2017, marcó un punto de inflexión en Reino Unido y llevó a endurecer su normativa para prevenir la propagación de incendios por fachadas. En este caso, la regulación posterior prohibió el uso de materiales combustibles en fachadas de edificios residenciales de gran altura. Alemania, Francia y los países nórdicos también han adoptado medidas similares, exigiendo la instalación de barreras cortafuegos y el uso de materiales incombustibles en edificios sensibles por su altura, ocupación o dificultad de evacuación. Sin embargo, España sigue rezagada en esta materia.

La comparación con nuestros vecinos europeos subraya la urgencia de alinear nuestras normativas con los estándares internacionales. La modificación del CTE debe ser una medida prioritaria para España. No es comprensible que sigamos permitiendo el uso de materiales combustibles en fachadas de edificios altos o en aquellos que albergan a personas con necesidades especiales, ya que supone un grave riesgo para las personas y también para los equipos de intervención.

Un apoyo de fuerzas políticas cada vez más amplio

La gravedad de este problema ha impulsado un debate en España sobre la necesidad de revisar los reglamentos nacionales en materia de seguridad contra incendios. Desde el Observatorio de Nuevos Riesgos de Incendio (OBS), celebramos los recientes avances legislativos en la Comunidad Valenciana. Las Cortes Valencianas han aprobado una proposición no de ley (PNL) que insta al Gobierno central a revisar el CTE para exigir la no combustibilidad de materiales en fachadas de edificios de alto riesgo.

En la misma línea, el Ayuntamiento de Valencia ha respaldado, por unanimidad, una moción que apoya un cambio regulatorio para elevar los requisitos de seguridad en los sistemas constructivos de las fachadas. Este respaldo entre los partidos a la izquierda y derecha del espectro político refleja que la seguridad contra incendios es una cuestión de responsabilidad colectiva, no de ideologías.

Propuestas para mejorar la seguridad

Con base en los aprendizajes y la situación actual, desde el Observatorio de Nuevos Riesgos de Incendio proponemos una serie de medidas concretas para actualizar el CTE y, más específicamente, el Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio (DB-SI), y mejorar así la seguridad contra incendios en España. Estas medidas, apoyadas por 16 entidades de los sectores de ingeniería, bomberos, seguros, edificación y seguridad, incluyen:

1. Prohibición del uso de materiales combustibles en fachadas de edificios de gran altura (a partir de 18 metros), alta ocupación, difícil o lenta evacuación o con fachadas de difícil acceso para los equipos de intervención. 
2. Introducir medidas adicionales, como barreras cortafuegos, para limitar la propagación vertical y horizontal, especialmente en las fachadas ventiladas de los edificios y en los sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE).
3. Revisar los criterios de seguridad para edificios sensibles, como hospitales, residencias de mayores, colegios y edificios de alta ocupación, para garantizar que cumplen con los estándares más estrictos de protección contra incendios.

Estas propuestas buscan no solo reducir el riesgo de propagación de incendios, sino también proteger a los habitantes y trabajadores, así como a los equipos de intervención, que deben enfrentarse a estas situaciones de alto riesgo. 

Conclusión: el momento de actuar es ahora

La seguridad contra incendios debe ser una prioridad en la edificación, no una preocupación secundaria. Cada año que pasa sin actualizar nuestra normativa, aumenta el riesgo de nuevas tragedias y pone en peligro a millones de personas.

Es imprescindible que España adopte un enfoque proactivo, aprendiendo de las experiencias de otros países y alineando su normativa con los estándares internacionales. Esto no solo salvará vidas, sino que también enviará un mensaje claro: la seguridad no es negociable. 

Como profesionales de la arquitectura, la construcción y la sostenibilidad, tenemos una responsabilidad compartida para garantizar que nuestros edificios sean seguros, sostenibles y resilientes. Esto incluye exigir materiales y sistemas constructivos que cumplan con los más altos estándares de protección contra incendios. El camino está claro. Ahora, es responsabilidad de todos –administraciones, profesionales y ciudadanía– trabajar juntos para garantizar una edificación más segura y resiliente.

Este artículo aparece publicado en el nº 599 de CIC, págs. 45 a 47.