Estrategias y novedades para una mejora total de los edificios

Asistimos en los últimos tiempos a diferentes cambios normativos y planes nacionales que van a suponer una revolución en el sector de la edificación. Novedades relacionadas todas ellas con el ambicioso objetivo que se ha trazado la Unión Europea para alcanzar en el año 2050 la descarbonización total de la actividad constructora. “Cuán largo me lo fiáis”, decía Juan Tenorio en el Burlador de Sevilla. Sí, 2050 parece lejano en el tiempo, pero en términos legislativos y de consenso en el sector, disponemos de menos de 20 años para implementar los elementos suficientes que garanticen una hoja de ruta a un ritmo bastante superior al actual para cumplir con esos objetivos. Algunos de los cambios normativos mencionados en favor de la salud edificatoria y la sostenibilidad no sólo afectan a los edificios de nueva planta, sino también a los ya existentes. Un aspecto que añade más complejidad aún al difícil panorama que atravesamos.

El Libro del Edificio Existente, base para la sostenibilidad de la edificación

Antes de entrar a fondo en los últimos cambios normativos, comencemos por abordar algunos instrumentos que nos han servido hasta ahora de punto de partida para evaluar la salud edificatoria de un inmueble y su potencial para respetar los estándares de sostenibilidad exigibles a futuro. La Inspección Técnica de Edificios (ITE) y el Informe de Evaluación de Edificios (IEE) son dos herramientas tradicionales y de referencia que, hoy por hoy, sin embargo, se quedan cortas para cumplir con los desafíos que nos aguardan. Poca base para tamaña empresa. En este sentido, el Libro del Edificio Existente (LEEx) tiene una potencial visión del inmueble mucho mayor. Las posibilidades que brinda el LEEx deberían inclinarnos a pensar en la necesidad de partir de él para realizar una auditoría seria y a fondo del edificio que, como veremos pronto a la hora de abordar la nueva normativa, irá más allá de la conservación, la eficiencia energética y unos ajustes razonables que siempre son de mínimos. El LEEx, creado al amparo del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan las ayudas procedentes de los fondos Next Generation, debería ser una herramienta básica para planificar intervenciones de rehabilitación de edificios. En su primera parte, el LEEx incorpora un diagnóstico sobre el estado del inmueble y un plan para su uso y mantenimiento. En un segundo bloque se incluye un análisis de las posibles mejoras, con la proposición de un plan de etapas con su correspondiente valoración económica. Científicamente, este libro debería ser el instrumento más adecuado para cuidar, desde su misma base, de la salud del inmueble. Es, al mismo tiempo, la partida de nacimiento y el historial médico, si se nos permite la expresión.
 

Sobre ese LEEx van a gravitar las importantes novedades que se avecinan en este cambiante escenario de la edificación. Vayamos primero a las iniciativas que parten del Gobierno de la Nación. En este sentido, llama la atención el reciente compromiso, por parte del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, de incluir un documento dedicado a la sostenibilidad en la próxima revisión del Código Técnico de la Edificación (CTE) prevista para 2026. Es decir, la sostenibilidad entra de par en par en la reglamentación técnica de nuestro sector. Es importante subrayar aquí que la falta de respeto medioambiental tendrá consecuencias. La Unión Europea (UE) ha desarrollado un marco, denominado Level(s), que incluye un conjunto de indicadores y parámetros comunes para medir el comportamiento de los edificios en términos de sostenibilidad. Este marco y la llamada “taxonomía verde europea” van a ser determinantes para la financiación del sector inmobiliario. Esta taxonomía es un sistema que permite a los inversores determinar qué proyectos afectan negativamente al clima y al medio ambiente y, en consecuencia, retirar sus inversiones. Los proyectos edificatorios que no se alineen con la taxonomía verde lo tendrán ciertamente complicado. Es decir, hoy por hoy nadie puede escapar a la actual atmósfera de sostenibilidad medioambiental que permea en todos los ámbitos de nuestra vida.
 

Plan Nacional contra el radón, una estrategia de salud pública

También del ámbito interior procede otra normativa relacionada con la salud de los edificios. Hablamos del Plan Nacional contra el Radón, que recibió luz verde del Consejo de Ministros a principios de enero. Este plan recoge las estrategias y actividades a desarrollar por las diferentes administraciones públicas para reducir el riesgo para la salud de la población por exposición al radón, emplazando la implantación de dichas estrategias a un período de seguimiento de 5 años. El radón es un gas radiactivo incoloro, inodoro e insípido, que se produce por desintegración natural del uranio presente en suelos y rocas. El agua también puede contener radón, un gas que emana fácilmente del suelo y pasa al aire, donde se desintegra y emite otras partículas que, al ser inhaladas, se depositan en las células que recubren las vías respiratorias, pudiendo provocar cáncer de pulmón. Este plan del Gobierno contra el radón se plantea objetivos muy ambiciosos en un territorio que hasta ahora era casi desconocido para el gran público. Conocer la magnitud del problema e identificar y solventar las carencias o dificultades para la aplicación de controles o soluciones efectivas es el punto de partida. De ahí, el plan se traza el objetivo de evaluar la exposición de la población a este gas y estimar su incidencia sobre la salud. Por supuesto, ambiciona reducir la concentración de radón en los edificios, poniendo en marcha programas de intervención en inmuebles ya existentes. Otros objetivos del documento son analizar la afección en función de las tipologías arquitectónicas y diseñar e impulsar instrumentos de apoyo a nivel autonómico y municipal.
 

Directiva Europea de Eficiencia Energética de la Edificación

Abrimos ahora el capítulo comunitario, ámbito del que proceden las iniciativas legislativas de mayor calado para nuestro sector. De vital importancia va a ser la transposición que deberá hacer España de la nueva Directiva Europea de Eficiencia Energética de la Edificación (EPBD), aprobada por el Parlamento Europeo a primeros de marzo. Recordemos brevemente los compromisos de esta norma: todos los edificios nuevos deberán ser climáticamente neutros a partir de 2030. Por su parte, los edificios nuevos ocupados por las autoridades públicas o que sean de su propiedad deberán alcanzar este objetivo ya en 2028. En el caso de los edificios residenciales, deberán adoptarse medidas que garanticen una reducción en el promedio de energía primaria utilizada de al menos un 16 % para 2030 y de al menos entre un 20 y un 22 % para 2035. De acuerdo con esta nueva directiva, los países de la UE estarán obligados a la renovación del 16% de los edificios no residenciales menos eficientes para 2030 y, para 2033, el 26 % con menor eficiencia mediante requisitos mínimos de eficiencia energética. La norma establece también que si fuera técnica y económicamente adecuado, los Estados miembros tendrán que implementar instalaciones solares de forma paulatina en edificios públicos y no residenciales, dependiendo de su tamaño, y en todos los edificios residenciales nuevos de aquí a 2030. Además, los países deberán adoptar medidas para eliminar gradualmente los combustibles fósiles en la calefacción y la refrigeración con miras a eliminar por completo las calderas de combustibles fósiles para 2040. A partir de 2025 se prohibirá subvencionar las calderas independientes de combustibles fósiles. Los incentivos financieros serán aceptables para los sistemas híbridos de calefacción que utilicen una cuota significativa de renovables, como los que combinan una caldera con una bomba de calor o una instalación solar térmica.
 

Reglamento de gases fluorados, rumbo a la sostenibilidad

Por si todo lo anterior no fuera suficiente, completamos este apretado análisis de la reciente normativa con el nuevo Reglamento de gases fluorados, aprobado en el seno de la Unión Europea el pasado febrero. Este documento incorpora una rápida disminución de los hidrofluorocarburos hasta el año 2030. Al mismo tiempo, se apuesta por aumentar el despliegue de bombas de calor. La confluencia de ambos hechos podría provocar un cambio de tecnología o de los tipos de refrigerantes utilizados actualmente.
 

Ciertamente, la lectura de todas estas novedades puede provocar vértigo. Y el vértigo conduce a la parálisis. Pero no podemos permitirnos la inmovilidad. Hemos de reconocer que el sector de la edificación ha vivido demasiados años a espaldas de una normativa ambiental que sí ha afectado de lleno mucho antes a otras industrias que han debido adaptarse obligatoriamente a las nuevas reglas de juego. Ahora nos toca a nosotros. Que el sector de la edificación lo consiga debe ser un objetivo de país.

Este artículo aparece publicado en el nº 593 de CIC, págs. 6 y 7.