La nueva Directiva de Eficiencia Energética de edificios: el revulsivo necesario para nuestro sector

Lograr un parque inmobiliario de cero emisiones en 2050. Ese es el objetivo de la revisión de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios (EPBD por sus siglas en inglés), cuyas negociaciones se cerraron el pasado 7 de diciembre de 2023 con el diálogo entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión Europea. 

A falta de su aprobación definitiva, que se espera dentro de este primer trimestre del año, ya podemos entrar a valorar su contenido y sobre todo las implicaciones que tendrá en la transformación del parque inmobiliario en España en los próximos años. El texto final es menos ambicioso que el que se proponía en un principio, sin embargo, supone un desafío no menor para el sector de la edificación en España. Dos de los grandes retos que presenta la directiva son escalar la intervención de la rehabilitación multiplicando hasta por 12 las actuales cifras y ampliar el alcance de la descarbonización de los edificios incluyendo todo su ciclo de vida. 

En el primero, se lleva ya años trabajando y es momento de reconocer que no se están alcanzando los objetivos de multiplicar el ritmo de rehabilitación de edificios que planteaba el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y que desarrolla la Estrategia Nacional de Rehabilitación. Tampoco la lluvia de dinero que supone la llegada de los fondos Next Generation ha conseguido el cambio esperado. Por el contrario, su finalización puede suponer un frenazo a un incipiente nuevo sector de la rehabilitación. 

La nueva directiva pone sobre la mesa instrumentos que bien desarrollados y articulados pueden ayudar a desatascar esta realidad, desarrollando un nuevo modelo organizativo que permita el escalado de la rehabilitación. El edificio cero emisiones, las normas mínimas de eficiencia energética, el plan nacional de renovación de edificios, el pasaporte de renovación del edificio, la base de datos nacional de eficiencia energética de los edificios, o el registro Digital del edificio son herramientas que bien diseñadas y articuladas entre sí, pueden generar un círculo virtuoso de diseño e implementación de políticas para el escalado de la rehabilitación, en base a datos precisos sobre la realidad del estado de los edificios y sus ocupantes. Recientemente un estudio desarrollado por la UPC y Cíclica que recoge la experiencia de las políticas implementadas en los últimos años en el País Vasco, proponen un modelo que resuelve gran parte de la coordinación necesaria este reto. Esta propuesta no resuelve todos, los problemas, sin duda hay que desarrollar en paralelo herramientas financieras, mejorar el tratamiento fiscal, e introducir de manera central el ámbito social, para que la rehabilitación no solo genere un mercado provechoso y reduzca el impacto ambiental de nuestros edificios, sino que además y sobre todo, consiga la mejora de las condiciones de vida de todos, especialmente los más vulnerables.

El segundo reto amplía el alcance de la descarbonización de los edificios y pasa de considerar solo las emisiones del uso de los edificios a considerar el ciclo completo de vida de los mismos. La directiva reconoce por primera vez el impacto completo de la edificación en el cambio climático y sobre todo su papel relevante a la hora de combatirlo. Según la Hoja de Ruta para la Descarbonización de la Edificación en España, promovida por GBCe, las emisiones no debidas al uso de los edificios pueden llegar a suponer hasta el 41% de las emisiones totales del sector de aquí a 2050, por lo que incluirlas en las políticas de descarbonización era un paso más que necesario.

Para pasar a considerar la huella de carbono de todo el proceso construcción, mantenimiento, reforma, uso y fin de vida, se necesita empezar por medir la huella de carbono (indicador de potencial de calentamiento global), para a continuación, poner un límite a las emisiones de gases de efecto invernadero de un edificio a lo largo de su ciclo de vida. Para llegar a ese punto, es necesario definir una metodología de evaluación, disponer de datos suficientes y sobre todo capacitar a nuestros profesionales para que incorporen esta nueva visión en todos los proyectos. El proyecto Europeo INDICATE trabaja en la mejora de los datos  en tres países, entre ellos España, y avanza en buena medida la tarea que habrá que llevar a cabo para implementar esta parte de la directiva. 

La directiva incluye otros elementos que podrán a prueba nuestra capacidad de transformación, como la fecha final al uso de combustibles fósiles dentro de nuestros edificios, pero también nuevas herramientas financieras para ayudar en esta transición. De lo que no cabe duda es de que en los próximos meses este debate será el que ocupe en buena medida al sector. La directiva deja muchos flecos abiertos que tendrán que definir los estados miembros en su implementación.

Es en ese momento, donde se verá el grado de ambición de cada país en conseguir los objetivos de descarbonización a tiempo y convirtiendo el reto en una oportunidad positiva para el sector en España y para nuestro país en general. Aprovechemos el conocimiento y la experiencia de los que van por delante para para avanzar más rápido.

Este artículo aparece publicado en el nº 591 de CIC, págs. 6 y 7.