Más del 80% de los edificios y hogares españoles son ineficientes y consumen más energía de la que realmente necesitarían, en un momento en el que los precios de la energía siguen alcanzando máximos, lo que supone cerca de 20 millones de viviendas en todo el país. Es urgente adecuar los hogares y ese es, precisamente, el objetivo de Europa para reducir las emisiones y cumplir con el Pacto Verde europeo, la estrategia de la UE para alcanzar la neutralidad climática en 2050.
En este sentido, una de las medidas contempladas por la UE es la llamada Taxonomía Verde Europea, una clasificación basada en las recomendaciones de expertos y científicos para que inversores y empresas puedan diferenciar qué proyectos afectan al clima y el medio ambiente e identificar su alineamiento con los seis objetivos ambientales: la mitigación del cambio climático; la adaptación al cambio climático; el uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos; la transición hacia una economía circular; la prevención y el control de la contaminación, y la protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas.
En el caso del sector inmobiliario, esta clasificación es una herramienta muy útil para ayudar a los propietarios de viviendas a la hora de tomar decisiones sobre la eficiencia energética y la sostenibilidad de sus hogares. Algo que preocupa cada vez más a los españoles, pues según el I Observatorio sobre Vivienda y Sostenibilidad, de UCI, entidad especialista en financiación sostenible, casi 8 de cada 10 españoles, (un 78,3%) estarían dispuestos a pagar más por una vivienda más sostenible y el 58% tiene en cuenta la sostenibilidad y eficiencia de una vivienda a la hora de comprarla.
En este sentido, el uso de criterios ambientales para evaluar y seleccionar los materiales, productos y tecnologías utilizados en las reformas, que se lanzan desde la taxonomía verde, deberán tener como objetivo la reducción del impacto ambiental y la mejora de la eficiencia energética de los hogares. Estas son las recomendaciones más destacadas:
1.- Utilizar materiales de construcción sostenibles, como madera certificada, ladrillos de tierra cruda, acero primario o materiales reciclados o prefabricados, entre otros, en lugar de los convencionales que generan mayor cantidad de residuos y emisiones de carbono.
2.- Instalación de sistemas de energía renovable, como paneles solares o sistemas de geotermia, para reducir la dependencia de la energía de origen fósil.
3.- Incorporar sistemas de bajo consumo de agua y de energía para su calentamiento, mediante electrodomésticos que cumplan las especificaciones requeridas por la normativa. Asimismo, también se recomienda añadir soluciones para los grifos y duchas, como el monomando, así como en los inodoros, y controlar que su caudal cumpla con las etiquetas existentes en el mercado de la Unión.
En este sentido, la normativa llega a especificar las cantidades concretas de agua que se deben aplicar:
4.- Introducir tecnologías eficientes en la gestión de los residuos, de manera que se pueda minimizar el impacto ambiental de la vivienda.
5.- Añadir aislamiento en exteriores, como paredes, techos y desvanes, así como en sótanos y plantas bajas, de manera que permitan garantizar la estanqueidad del aire y reduzca la perdida térmica.
6.- Reemplazar puertas y ventanas por otras energéticamente eficientes.
7.- Sustitución de fuentes de luz por instalaciones que supongan un ahorro energético.
8.- Instalación, reemplazo, mantenimiento y reparación de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado y calentamiento de agua, con tecnologías altamente eficientes.
Con ello se pretende asegurar el objetivo 2030, tanto por parte de las empresas del sector inmobiliario y de la construcción y rehabilitación, como por parte de los propietarios. Unos objetivos que pueden llegar a conllevar importantes ventajas para el bolsillo de quien las realiza. En primer lugar, porque a largo plazo va a suponer un ahorro notable en los suministros, ya que este tipo de energías limpias consumen menos y, en consecuencia, suponen menos gasto. También, porque desde la UE van a implementar medidas que favorezcan y apoyen a aquellos que inviertan en este tipo de obras.
“Conviene recordar que el grado más importante de mejora en los inmuebles se consigue actuando sobre los elementos comunes del edificio, fachada y cubierta y no es suficiente hacerlo exclusivamente en la vivienda de la que se sea propietario”, afirma Catia Alvés, directora de Sostenibilidad y Rehabilitación en UCI.
“Además, no debemos olvidar que en España ocho de cada diez edificios tienen una calificación energética E o inferior y que la mejora de la eficiencia energética será un requisito indispensable para poder alquilar o vender una vivienda a medio plazo como propone la EPBD”, apunta Alvés.
En ese sentido, la taxonomía verde de la Unión Europea se presenta como una gran oportunidad para unificar criterios, metas y objetivos para la inversión en rehabilitación y reforma energética de las viviendas.
Por último, pero no menos importante, la Taxonomía Verde ha establecido una serie de recomendaciones en cuanto a financiación sostenible, que incluyen la creación de un mercado de bonos verdes y la promoción de la inversión en proyectos sostenibles, así como para su divulgación.
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