Unos 10 años llevamos oyendo la necesidad del cambio de modelo económico en España, pero seguimos muy parecido al comienzo de la crisis. Y el cambio es necesario, más bien imprescindible. Y deseamos que se produzca especialmente en la opinión pública: el malo no es el “ladrillo”. Lo malo es ofrecer -y comprar- especulación de suelos y de obras, en lugar de ofrecer calidad, seguridad, respeto al medio ambiente y, además, a un precio razonable en coste/beneficio. Cualquier negocio, y cualquier iniciativa pública, son razonables cuando todas las partes involucradas ganan. Y así debe ser la futura construcción y, como parte de ella, la rehabilitación.
La legislación de edificación y de obra pública, siempre mejorables (ahora estamos peleando en el Congreso de los Diputados la Ley de Contratos del Sector Público), pueden ser suficientes. Lo que necesitamos es que se cumplan. Si esto fuera así, el comprador de una vivienda tendría garantizado el buen hacer de todos los profesionales que intervienen en la obra y la calidad de los productos empleados en la misma, cosa que, ahora, no ocurre ni de lejos.
Y conste que el sector está preparado para ello: hay promotores que quieren hacer de la calidad su seña de identidad. Hay constructoras que forman cada vez mejor a sus plantillas para una ejecución cuidadosa de la obra. La industria de materiales es puntera mundialmente, en la mayoría de sus subsectores, en las prestaciones de calidad que ofrecen sus productos. Igualmente tenemos despachos de arquitectura e ingenierías líderes en el mundo por la calidad de sus proyectos. Pero el marco de juego permite que el tramposo, el especulador, el que no cumple, tenga mucho mayor beneficio y la posibilidad de desaparecer cuando le interese, dejándonos a los demás, como ciudadanos y como profesionales, con la actual sensación de engaño.
A esto hay que añadir que la ola de vivienda nueva de la década 1997-2007 llevó a España a ver la rehabilitación de vivienda como algo residual, cuando en parques de vivienda maduros como el nuestro es la actividad más sostenible dentro de la construcción: genera la mayor innovación, requiere de los técnicos y productos más avanzados y permite que, distribuyendo periódicamente el mantenimiento de los 26.000.000 de viviendas actuales, haya trabajo permanente para 210.000 trabajadores directos y 275.000 inducidos (500.000 actuaciones/año durante 50 años). Un 50% más de la actual fuerza laboral en construcción, que se añade a la ya importante cifra de 300.000 trabajadores tanto en rehabilitación como en reforma de vivienda. Y todo ello, con un retorno fiscal entre el 80% y el 120% y un recorte, para 2050, del 2% del PIB en factura energética como país.
¿Todavía hay quien se permita despreciar la rehabilitación? Si el Gobierno, a través de la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo, quiere desarrollar un Plan real de reforma y rehabilitación, las cifras son: 500.000 actuaciones año, 15.000€ de media por actuación, 210.000 empleos nuevos fijos directos y 275.00 inducidos.
Vivienda digna
El cumplimiento de la legislación vigente, especialmente el Código Técnico de la Edificación, sería suficiente para garantizar una vivienda de prestaciones razonables y mejores con las sucesivas mejoras del CTE. Pero el parque de vivienda actualmente ya construido ofrece más dudas. Sin entrar a valorar los mecanismos de generación de reforma y rehabilitación, lo que sí debe ser claro es que, donde se hagan, dichos mecanismos deben garantizar que, con la inversión pública de apoyo, las mejoras de calidad en aislamiento térmico, acústico, seguridad contra el fuego, impermeabilización y seguridad de uso sean las requeridas para el cumplimiento legislativo y, en consecuencia, para erradicar (censo de vivienda 2011) 920.000 edificios residenciales en estado ruinoso, 5.412.000 viviendas sin accesibilidad y 5.411.000 viviendas sin cumplir las normas de eficiencia energética.
Medio ambiente: esta vez vayamos en serio
Ya entendemos que el concepto de análisis del coste de ciclo de vida es algo complejo pero, al final, es fácil de intuir. Si analizamos cualquier construcción (vivienda, carretera, puente, hospital, colegio, etc.) como un todo, y analizamos el impacto de cualquier proceso constructivo, de cualquier producto empleado, de cualquier parte del proyecto de ejecución, nos dará que, según cómo trabajemos y qué empleemos, la obra final tendrá diferentes costes económicos y también diferentes impactos medioambientales desde que se empieza a construir hasta que se recuperan los residuos al final de la vida útil de la construcción.
Quedará, según el sentido común, ver cuál es la mejor combinación de coste económico y de impacto ambiental a largo plazo. Posiblemente, todos los que apostaron por la oferta más baja en precio se llevarían la sorpresa de que se cumple el refrán “lo barato sale caro” o “el dinero del pobre va dos veces a la compra”. Si queremos una casa que no se caiga, habrá que pagar los trabajos y los materiales suficientes para que eso esté garantizado. Si queremos que una casa tenga un consumo energético mínimo (la teoría dice que casi nulo, según la Directiva de eficiencia energética), habrá que hacer lo mismo. Si queremos que la casa tenga mínima huella de carbono, mínima huella hídrica y máximo respeto al medio ambiente, habrá que conseguir la mejor declaración ambiental de la casa.
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