El presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), Lluís Comerón, subrayó este miércoles, 10 de junio, en el encuentro virtual titulado ‘El sector de la construcción: palanca de la recuperación económica’ con el que el Observatorio 2030 del CSCAE ha retomado sus reuniones de trabajo, que “hay que cambiar el ritmo de rehabilitación del Pniec, pensado para otro momento y con otras perspectivas”.
Comerón, quien insistió en la necesidad de “acciones de máxima urgencia para que el sector no pare”, recordó que en otros países europeos similares al nuestro -como Portugal, Francia o Italia-, la tasa de ocupación en rehabilitación (3,9%) dobla prácticamente a la de España, que se sitúa en el 2,2%, mostrando su convencimiento del potencial de la renovación urbana como motor económico: “Solo alcanzando ese porcentaje de referencia de países vecinos se crearían 400.000 empleos, puesto que al tratarse un sector muy intensivo en mano de obra, por cada millón de euros invertidos en rehabilitación, se generan entre 18 y 54 empleos, en función de la obra”, apuntó el presidente del CSCAE, quien añadió que, además, la Administración ahorraría dinero en prestaciones por desempleo: “De los 12.000 millones de inversiones al año que nos llevarían a acercarnos a nuestros vecinos europeos, un tercio (4.000 millones) retornaría a las arcas públicas en ahorro en prestaciones por desempleo, sin tener en cuenta el ahorro en coste personal y social”.
Lluís Comerón también apeló a un marco normativo y a medidas que faciliten la apuesta de los propietarios por la rehabilitación, y por entender la puesta en marcha de un Plan Nacional de Vivienda, un Plan Nacional de Renovación Urbana y la futura Ley de Arquitectura y Calidad del entorno construido como un conjunto integrado para promover la rehabilitación, pero también el resto de desafíos relacionados con la vivienda y las ciudades en nuestro país.
En el encuentro telemático del Observatorio 2030, en el que se analizó la importancia del sector en el complejo escenario derivado de la
pandemia de Covid-19 desde cinco perspectivas complementarias -infraestructuras, vivienda, energía y territorio, renovación urbana y políticas públicas-, todos los intervinientes coincidieron en el potencial del sector para generar cientos de miles de puestos de trabajo y en la necesaria colaboración público-privada para garantizar el acceso a la vivienda y transformar nuestros pueblos, ciudades y territorios a partir de una estrategia integral y a largo plazo que alinee objetivos y ofrezca un marco jurídico estable que dé confianza y atraiga la inversión.
Impulso a la vivienda pública
Durante su intervención, el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas Parrón, señaló que desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se está trabajando en diferentes propuestas para que la recuperación económica sea duradera y la protección social “un elemento de referencia para que nadie se quede atrás”. En concreto, el derecho a una vivienda digna a un precio asequible. En este sentido, incidió en la necesidad de aumentar el parque público de vivienda, “inferior a la media europea y que ha supuesto problemas de acceso a la vivienda para muchos ciudadanos y ha podido tensionar los precios de alquiler por falta de oferta”. Para ello, afirmó, “tenemos que activar suelos suficientes y necesarios para hacer reservas para vivienda protegida y, sobre todo, agilizando los planeamientos urbanos para que se puedan desarrollar lo antes posible”.
Lucas Parrón destacó igualmente el impulso a la vivienda pública de alquiler a través de instrumentos, como el Plan 20.000, y calificó de “imprescindible” la colaboración público-privada. En este sentido, recordó que el parque público de vivienda en alquiler no llega al 2,5%, mientras que la media en Europa se sitúa en torno al 15%. Asimismo, tomando como referencia los datos del
Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), señaló que 10 millones de inmuebles necesitan una rehabilitación energética y que, sin embargo, la cifra actual “es muy pequeña”: 31.000 solo el año pasado. “El reto es mayúsculo y se necesitan muchos recursos económicos”, recalcó el secretario general, que anunció que su departamento intensificará la acción pública en coordinación con el sector para implementar y desarrollar la Agenda Urbana Española con el fin de “modificar comportamientos y que mejore la calidad de vida de los ciudadanos”.
De igual modo, Lucas Parrón abogó por la agilización de la tramitación de licencias, ayudando a los ayuntamientos para que
hagan un mejor uso de las tecnologías disponibles o reduciendo los procesos administrativos.
Inversión en infraestructuras
Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), Julián Núñez, señaló que para reactivar la economía, que es en estos momentos “la prioridad” de nuestro país, es “urgente que todos nuestros políticos aparquen las diferencias y se centren en nuestro futuro inmediato”. Esto es, en apoyar a las empresas. En materia de infraestructuras, lamentó: “Hemos perdido una década como consecuencia de la crisis anterior. Se dejaron de invertir más de 220.000 millones de euros”.
En estos momentos, las necesidades de inversión según Seopan para garantizar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 alcanzan los 157.000 millones. Esta inversión generaría más de 2,3 millones de empleos y tendría un retorno fiscal del 49%, equivalente a 7.000 millones de euros. “Esto requiere revisar el modelo de financiación y recuperar la colaboración pública-privada y el modelo concesional”, apuntó.
Líneas de actuación en materia de vivienda
Como consecuencia del confinamiento para contener la propagación del coronavirus, el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (Apce), Juan Antonio GómezPintado, resaltó el valor de los espacios que habitamos y la importancia de que estén bien diseñados, y expuso cuatro líneas de actuación en materia de vivienda que son complementarias y generarían 1,2 millones de empleos en total.
La primera es estimular la compraventa, un ámbito en el que sería necesaria la colaboración de las administraciones públicas, el Estado a través del ICO y/o entidades financieras, y la iniciativa privada, los promotores. En este sentido, Apce pide al Estado un compromiso de aval para que aquellos que no hayan tenido capacidad de ahorro, pero sí dispongan de capacidad de pago, puedan comprar una vivienda. “De esta forma, solventaríamos un problema estructural”, valoró.
Otra medida considerada “fundamental” por Apce es estimular la vivienda en alquiler con un IVA “superreducido” y seguridad jurídica, porque -apuntó- “inversores internacionales tienen interés en invertir en nuestro país, pero consideran que no hay suficiente transparencia o falta de seguridad jurídica”. También abogó por modificar la Ley de Propiedad Horizontal para estimular la
rehabilitación de viviendas y edificios y, en materia de formación, por un programa de formación profesional dual que haga atractivo el trabajo en el sector, que vive un proceso de envejecimiento de las plantillas.
Energía y territorio
Por su parte, el director ejecutivo de la empresa Neoelectra, Antonio Cortés-Ruiz, aseguró que existe un enorme interés en invertir en la renovación de activos energéticos en España: “No hay escasez de dinero para financiar proyectos energéticos ni en España, ni en Europa, ni en todo el mundo. Al contrario. Hay 1.000 millones en inversiones y a la Administración solo se le pide un marco regulatorio transparente que todos entendamos y que no dependa de los movimientos políticos”.
Solo en generación energética de alta eficiencia se generarían 200.000 empleos, apuntó Cortés-Ruiz, que también hizo hincapié en que estas inversiones supondrían una “oportunidad única” para introducir nuevas tecnologías en España y garantizar que el país no colapse y disponga de bienes de equipo fabricados a nivel nacional para el caso de que se repitan situaciones como la provocada por el coronavirus.
La reunión del grupo de trabajo “Ciudad y Territorio Productivo”, que estuvo moderada por la coordinadora del Observatorio 2030 del CSCAE, Ángela Baldellou, y el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Baldomero Navalón finalizó con un debate en el que participaron, entre otros, el director general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid, José María Gómez, y la directora de Instituciones y Grandes Cuentas de Sociedad de Tasación, Consuelo Villanueva.
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