La Asociación Nacional de Distribución Profesional de Materiales para la Edificación, Reforma y Rehabilitación (Andimac) muestra su preocupación ante el último dato publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que refleja cómo una invertebrada política de rehabilitación está generando desequilibrios en la respuesta por parte de los ciudadanos.
En opinión de Andimac, esta falta de vertebración afecta de lleno a una adecuada pedagogía y concienciación, que se traduce en una demanda impulsiva, errática y de soluciones parciales. Todo ello resulta más preocupante si cabe a tenor de las conclusiones del Grupo intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), según el cual urgen acciones más ambiciosas y coordinadas, entre las que la patronal destaca las actividades relacionadas con las obras de reforma y rehabilitación energética con una visión centrada en los usuarios, integral y orientada a la mejora efectiva de la vivienda.
Así, la patronal destaca que mientras la conciencia social en materia de sostenibilidad crece, como lo demuestra el hecho de que el 46,3% de los consumidores ha incrementado esfuerzos por los procesos de sostenibilidad ligados a su generación y gestión de residuos, cuando se trata de decisiones que afectan a su vivienda los datos son tremendamente dispares.
Esta disparidad refleja, a juicio de la patronal, la incoherencia de los modelos de ayudas. Así, mientras un 3,7% de los consumidores dice que en los últimos dos años ha instalado placas solares, tan sólo un 1,1% dice haber tomado medidas en materia de climatización y sólo un 0,6% en materia de aislamiento, muy centrado en ventanas.
Si bien el modelo impulsado por la Unión Europea en el marco de los fondos Next Generation aboga por el estímulo a operaciones integrales (y es donde el usuario tiene verdaderas ventajas tanto económicas como de revalorización), los problemas endémicos del modelo de rehabilitación de nuestro país generan desequilibrios. Y todo ello a la espera de ver si finalmente las comunidades autónomas son capaces de impulsar de forma efectiva estos fondos.
Todo ello contrasta con que un 16,1% haya puesto en marcha prácticas para controlar el consumo energético del hogar; y un 10,4% ha tomado medidas para controlar el consumo de agua.
En este sentido, pese a alertar de que el parque edificado español está en situación crítica para cumplir los objetivos energéticos, la patronal propuso recientemente integrar a todos los agentes de la construcción para impulsar la sostenibilidad del sector, postulando a las tiendas de materiales de construcción para acelerar la economía circular en el sector de la reforma y la rehabilitación.
Andimac considera oportuno desmentir la creencia de que, en términos de sostenibilidad, la construcción es una actividad ineficiente. Otra cosa es el parque construido, de los más envejecidos de Europa y el que lidera la menor tasa de renovación, y de ahí la importancia de la rehabilitación: volverlo sostenible en términos de consumo energético, pero también de valor patrimonial a largo plazo.
En cualquier caso, desde la patronal vienen tiempo reclamando que, gracias a estos fondos Next Generation, estamos ante una oportunidad única para adaptar los hogares a las nuevas necesidades que se presentan de cara a la sostenibilidad. Según el Observatorio 360º, que presentó la patronal a principios de año, la actividad en el segmento de rehabilitación energética podría alcanzar las 70.000 viviendas al finalizar 2023.
Sin embargo, desde Andimac señalan que para que esto se lleve a la práctica será necesario que las comunidades autónomas puedan acceder a estas ayudas, y para ello, se precisará de una cogobernanza entre el Gobierno y las autonomías, lo que evitaría cuellos de botella durante el proceso administrativo y burocrático, facilitaría la llegada de estas ayudas a comunidades de vecinos y particulares, y permitiría que los hogares españoles fueran más sostenibles.
La patronal recuerda a su vez que es necesario acelerar estas obras de rehabilitación en vistas de que la directiva de la Unión Europea recoge que para 2030 cualquiera que tenga o compre una casa de calificación G o F estará obligado a renovarla al menos a calificación E, mientras que tres años después la letra D será la de referencia. La realidad del parque edificado en España es que el 82% se encuentra actualmente en las clases E, F y G: las letras más bajas de calidad energética.
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