El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), aprobó el pasado 21 de diciembre la Hoja de Ruta del Autoconsumo, con el fin de afrontar los retos y las oportunidades que presenta y establecer medidas para asegurar su despliegue masivo en España en los próximos años.
De acuerdo con un estudio del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (Idae), el autoconsumo puede alcanzar entre 9.000 MW y 14.000 MW de potencia instalada en 2030. Desde 2018, cuando se puso fin al llamado ‘impuesto al sol’, el autoconsumo en España se ha multiplicado por 2,5 hasta alcanzar casi 600 MW instalados durante el año 2020, y para 2021 se prevé un aumento de, aproximadamente, 1.000 MW, con lo que el total acumulado podría llegar a los 2.500 MW.
Tras el proceso de audiencia pública se han introducido mejoras en la Hoja de Ruta, como una mayor definición en la figura del ‘gestor de autoconsumo’, algunas consideraciones sobre la cadena de valor en pequeñas y medianas empresas, y el reconocimiento del potencial del autoconsumo como elemento de reducción en el coste extra de la generación eléctrica no peninsular.
La Hoja de Ruta del Autoconsumo recoge 37 medidas de sensibilización, formación a profesionales o divulgación, con el fin de mejorar el conocimiento y la aceptación del autoconsumo por parte de toda la población, ya que esta se ha identificado como una de las principales barreras para su implantación en España.
Asimismo, contempla medidas de impulso al autoconsumo colectivo, por ejemplo, en comunidades de vecinos, y cambios normativos para mejorar la agilidad en la tramitación de instalaciones.
El documento también persigue la mejora de la competitividad industrial mediante la reducción de los costes energéticos, el desarrollo de la cadena de valor ya existente y el fomento de la búsqueda de nuevos negocios. Por ello, contempla actuaciones que contribuyan a la implantación del autoconsumo en sectores como el industrial o de servicios.
Además, entre las medidas se encuentra la creación de una Mesa Nacional de Autoconsumo con las comunidades autónomas y el establecimiento de un grupo de trabajo con las entidades locales, con el fin de mejorar la coordinación entre las administraciones.
El autoconsumo es un elemento clave de la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo, que persigue ser una economía neutra en carbono en 2050. También el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 prevé la elaboración de una Estrategia Nacional de Autoconsumo.
En este contexto, España ocupa una posición de privilegio frente a otros países cercanos, según destaca el Miteco en nota de prensa. En primer lugar, presenta ventajas competitivas al disponer de mejores recursos renovables, especialmente en energía solar, pero también cuenta ya con una sólida cadena de valor industrial, con fabricantes líderes mundiales de inversores y estructuras dentro del sector fotovoltaico, importantes fabricantes de turbinas minieólicas o grandes empresas de ingeniería y desarrollo.
Los fondos europeos Next Generation de la Unión Europea suponen una oportunidad para acelerar su despliegue de manera masiva y, por ello, las primeras líneas de ayuda con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) en materia de energías renovables han estado relacionadas con el autoconsumo y almacenamiento.
El pasado 29 de junio, el Consejo de Ministros aprobó la primera de las medidas del Plan de Recuperación en materia de energías renovables: el Real Decreto 477/2021 para conceder 660 millones de euros, ampliables a 1.320 millones, en ayudas para instalaciones de autoconsumo, almacenamiento detrás del contador y climatización con energías renovables. Ayudas específicas para el impulso del autoconsumo que, en el caso del sector residencial, pueden llegar hasta el 50% de la inversión.
Con estas líneas se espera incorporar, al menos, 1.850 MW de generación renovable. Se estima la creación de más de 25.000 empleos directos e indirectos, un crecimiento del PIB de 1,7 millones de euros por cada millón de ayuda y una reducción de las emisiones de CO2 de más de un millón de toneladas al año.
Con el fin de recoger e integrar las necesidades y sensibilidades de la ciudadanía, este documento estratégico se sometió a audiencia pública entre el 16 y el 29 de noviembre. Durante el proceso se recibieron y analizaron alegaciones de 53 entidades, la mayoría asociaciones empresariales y empresas del sector energético, pero también participaron entidades públicas, universidades, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales y particulares.
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