"Análisis de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética": objetivos insuficientes y poca ambición en el desarrollo

La Fundación Renovables ha presentado este martes, 6 de octubre, su nuevo informe “Análisis de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética”, en el que analiza de manera pormenorizada el articulado del proyecto de ley y propone una mejora del mismo. El objetivo de este informe es el replanteamiento y el desarrollo de muchas partes específicas ligadas al cambio climático, estén o no contenidas en el articulado, entendiéndolas como necesarias para crear una Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCyTE) con un marco amplio de actuaciones ambiciosas, que permitan definir el futuro que queremos y cómo conseguirlo.

De este análisis, la Fundación Renovables ha obtenido las siguientes conclusiones principales:

Objetivos insuficientes

Desde la Fundación Renovables consideran que los objetivos contenidos en el PLCCyTE no son suficientemente exigentes para recuperar el déficit histórico respecto a los compromisos adquiridos con la Comisión Europea (CE) y con relación a otros países de nuestro entorno. Además, supone aceptar que hemos perdido ya una década al asumir como objetivo para 2030 el que la Unión Europea (UE) tiene para 2020.

“El objetivo de reducción del nivel emisiones de GEI del 23% para 2030 respecto a 1990, planteado en la última versión del PNIEC, siendo ya insuficiente e incoherente a largo plazo con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en 2050, se ve reducido a un 20%. De manera similar, el objetivo planteado en el PNIEC del 42% de penetración de energías renovables, respecto al consumo de energía final, desciende incomprensiblemente a un 35% y el del 74% de generación eléctrica con renovables al 70%, una apuesta por la generación de electricidad con renovables que no se ve reflejada en la estructura de la demanda final de energía, en la que el peso de la electricidad sigue siendo incomprensiblemente bajo, pese a ser un vector sin emisiones en destino, lo que significa que no se apuesta por considerar la calidad del aire de las ciudades como elemento base de la lucha contra el cambio climático”, afirman.

La Fundación Renovables considera que es necesaria una revisión urgente de los objetivos de reducción de emisiones, incrementándolos para 2030 por encima del 50% y estableciendo un 100% para 2050. Asimismo, cree que es posible alcanzar un 50% de penetración de renovables en el consumo final de energía y un 80% en el sistema eléctrico en 2030, llegando al 100% de ambos objetivos en 2050: “Electrificar la demanda es la única medida -aseguran- para mejorar la mala calidad del aire de nuestras ciudades y reducir los niveles de mortalidad prematura en los colectivos vulnerables de la sociedad por sus afecciones del sistema cardiorrespiratorio, ocasionados, generalmente, por la contaminación de procesos de combustión, tanto en emisiones de GEI como de micropartículas en suspensión (PM 2,5)”.

En este sentido, propone como objetivo un 50% de electrificación de la demanda energética para 2030 y un 80% para 2050: “Los niveles de electrificación establecidos en el PNIEC para 2030, 27% frente a un origen del 24%, aunque la realidad de 2019 fue del 22%, invalidan la consecución de los objetivos energéticos hoy en día y son referencia del exiguo objetivo de reducción de emisiones”, insisten.

En opinión de la fundación, “el PLCCyTE no es exigente ni ambicioso en los objetivos que contiene, como tampoco lo es el PNIEC”, lo que conlleva que no asuma su papel legislativo de referencia y compromiso con respecto al presente y al futuro de nuestro país, por la consideración de los objetivos fijados que no son acordes ni consecuentes con el retraso histórico en materia de emisiones que arrastramos, por no apostar por la eliminación y la disminución de nuestra dependencia energética de los combustibles fósiles, y por el poco alcance que tienen las energías renovables en el desarrollo del marco legislativo.

Heterogeneidad y poca ambición en el desarrollo

Según el análisis efectuado por la Fundación Renovables, el contenido del articulado del PLCCyTE y su desarrollo es heterogéneo, “mostrando cierta laxitud en unos puntos que consideramos que deberían tener más relevancia y más profundidad en otros que, a nuestro entender, deberían ser elementos de apoyo y de fomento del desarrollo”.

En lo que respecta a la apuesta por las energías renovables, para la fundación es “difícilmente comprensible la asimetría mostrada”, al entender que las propuestas se centran en la regulación de la reversibilidad e hibridación de centrales hidroeléctricas, “más pensada para el mantenimiento de la apuesta por el negocio concesional, con el objetivo de rentabilizar una inversión”, que por la gestión de un recurso natural, en el desarrollo de los gases renovables, “que pueden acabar siendo el señuelo de la transición y de los Fondos Europeos para la Reconstrucción para el mantenimiento del gas natural”, o en la expansión de la infraestructura de transporte y distribución.

Asimismo, no entiende la ausencia de referencias a la gestión de los residuos de la ganadería y de la agricultura y, ante todo, sigue echando de menos, en todas las normativas que el Gobierno actual está llevando a cabo, la consideración específica del autoconsumo, por lo que respecta tanto a la fijación de objetivos a nivel nacional como a su introducción masiva en todos los ámbitos del consumo de electricidad. De hecho, explican, “ni en el escueto art. 7, que hace referencia a la eficiencia energética y rehabilitación de edificios, aparece la mención a una práctica que es básica para conseguir la transposición de las directivas europeas en referencia a la construcción de edificios de consumo de energía casi nulo (nZEB) ). Aunque en los planes y estrategias del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana se consideren de forma no cuantificada, por su relevancia y por su exigencia explícita en las diferentes directivas europeas, debería estar incluido en el alcance de la ley”.

Por otro lado, desde la fundación destacan también la falta de una apuesta por el desarrollo urbano y la actuación en ciudades, argumentando que las propuestas de actuación urbanas se circunscriben principalmente a temas de movilidad y en municipios de más de 50.000 habitantes (148 municipios de los 8.131 existentes en España, que incluyen el 68% de la población), “condenando al ostracismo al 32% restante o, lo que es lo mismo, al 98,2% de los municipios. La gran lucha contra el cambio climático y la calidad del aire debe llevarse a cabo en el ámbito urbano, situación no asumida en el PLCCyTE, ni en gran parte de la normativa energética de España”, afirman.

Asimismo, los objetivos de rehabilitación energética adolecen en su opinión de un compromiso temporal y de una ejecución que esté en línea con la recuperación económica que tenemos por delante. Al respecto subrayan que “la ERESEE, como iniciativa delegada, no plantea, al no incluir plazos, la transposición completa de la nueva Directiva Europea 2018/844 de edificios, no incluye las Recomendaciones (UE) 2016/1318 sobre los edificios de consumo de energía casi nulo ni la Recomendación (UE) 2019/786 sobre rehabilitación, además de carecer de apoyos financieros para promover un mercado de rehabilitación”. En todo caso, lo que a su entender parece claro, como reflejan en sus documentos y propuestas, es que la actuación en las ciudades no debe reducirse solo a la obligación de zonas de bajas emisiones para municipios de más de 50.000 habitantes: “No entendemos el desamparo regulatorio y la falta de exigencia para los municipios de menos de 50.000 habitantes”.

Otro punto llamativo, según el informe de la fundación, es la total ausencia y el no reconocimiento de la política fiscal como instrumento principal, al margen de su efecto recaudatorio. Desde la Fundación Renovables apuestan por la necesidad de disponer de una política fiscal verde, que permita modificar -mediante señales adecuadas de precio- los hábitos de consumo de energía y de la cobertura de las necesidades energéticas: “La ley de política fiscal que defendemos en materia energética debe ser activa y finalista en cuanto al gravamen de prácticas no deseables y el fomento de las que sí lo son”, afirman.

Transformación del marco legislativo actual

Para la Fundacion Renovables, la LCCyTE debe ser el paraguas y la base sólida sobre la que se construya un desarrollo económico y social sostenible, inclusivo, equitativo y con justicia intergeneracional. En ese sentido, reclama “la imperante necesidad de poner en valor las funciones del Parlamento y del poder legislativo, que tiene que ser el garante que dé estabilidad y continuidad en el tiempo a la LCCyTE, supervisando los compromisos y los objetivos adquiridos a través de ella, englobando e incluyendo en su marco la transformación, los mandatos o las modificaciones de las leyes vigentes y de posibles anteproyectos de nuevas iniciativas. Por tanto, es necesaria una mayor amplitud del cambio y de exigencia de normativa, puesto que debe englobar en su articulado el desarrollo, la fijación, los plazos, las revisiones y el alcance de todos los objetivos, planes y estrategias”.

Entre sus propuestas, la Fundación Renovables destaca que debemos acometer modificaciones profundas en fiscalidad, en todo su desarrollo normativo (Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética), en el papel de las diferentes administraciones, con especial apuesta por las Administraciones Locales (Ley Orgánica 1/2012 y Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera), en la regulación del sistema eléctrico (Ley 24/2013 del Sector Eléctrico), en la apuesta por leyes que no se han desarrollado como la Ley 8/2013 de Rehabilitación, Regeneración y Renovaciones Urbanas, 3R, en el progreso de nuevas iniciativas como una Ley de Reforma del Sector Eléctrico y otra Ley de Fiscalidad Verde, que afecten a la mejora de la calidad del aire desde un punto de vista de la salud, de la gestión de los recursos naturales, una Ley de Economía Circular y otra de Movilidad Sostenible, del desarrollo rural, promulgando una Ley de Silvicultura Sostenible y una Ley del Agua, entendiendo que el desarrollo, la tramitación, la modificación y la promulgación de esta batería legislativa debe estar referenciado bajo mandatos o disposiciones en el PLCCyTE.

Por último, desde la Fundación Renovables entienden que el alcance de la ley y su aprobación debe ser la consecuencia de un Pacto de Estado que cuente con la mayor representación de fuerzas políticas: “En esta ley se debe definir qué presente y qué futuro queremos tener y, obviamente, debe ser garante no solo de la estabilidad jurídica que no hemos tenido en el pasado, sino también de la estabilidad de acción y de unas políticas energéticas centradas en la eficiencia, en las energías renovables y en la sostenibilidad en su sentido más amplio”, concluyen.