La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) alertó este lunes, 20 de febrero, del retraso y la baja ejecución de los PERTEs y la ayuda europea adicional (Adenda) que alcanzan en total más de 106.000 millones de euros, con lo que “será necesario prorrogar los plazos de ejecución de los fondos Next Generation UE”. Tan solo el 6,7% se han destinado a infraestructuras, es decir, 11.619 millones de euros de los 173.525 millones de euros totales, “pese a su efecto multiplicador en la actividad económica y el empleo”, según ha señalado en rueda de prensa el presidente de Seopan, Julián Núñez.
Durante la presentación, Núñez también puso de manifiesto la urgencia en modernizar y actualizar la regulación y práctica de la contratación pública en España para ejecutar hasta 2027 más de 212.000 millones de euros de ayudas financieras europeas, y reiteró “la falta de voluntad política” para solucionar la parálisis y bloqueo normativo derivado de la Ley de Desindexación ya que ésta desincentiva la inversión privada, nacional e internacional.
La Oficina Nacional de Evaluación (ONE) emitió 28 informes en 2022 con resultado desfavorable en siete de cada 10 expedientes de concesiones presentados, que afectan a 3.000 millones de euros de actividad concesional de servicios docentes, sociales, deportivos y saneamiento.
Asimismo, la inexistencia de sistemas de revisión de precios en contratos de servicios de conservación, mantenimiento y operación de carreteras, ferrocarriles y ciclo integral del agua, con más de 70.000 trabajadores, hace insostenible su ejecución, según Seopan, al representar sus costes salariales y de energía, de media, un 30% (vías y ferrocarriles) y un 31% (ciclo del agua), respectivamente. El Ministerio de Asuntos Económicos ha rechazado las propuestas remitidas por el sector para establecer una revisión excepcional, acotada y justificada para estos contratos, añaden.
Los precios de materiales y la energía siguen en niveles muy superiores a 2020, detallan, con revisiones de precios en el 85% de las obras, superando el límite del 20% del RDL 3/2022. De esta forma, aunque el acero, cobre y aluminio reducen precios un -6%, -12% y -12%, continúan siendo un 51%, 38% y 33% superiores, respectivamente, a los de 2020. Gas y electricidad bajan precios un -12% y -62%, pero continúan siendo una losa para la actividad al incrementarse un 556% y 121% respecto a los de 2020.
En 2022 se produjo un gran incremento de la licitación y contratación pública de obras, subiendo, respectivamente, un +34% (hasta alcanzar los 29.615 millones de euros) y un +16% (hasta los 13.648 millones de euros). Por otro lado, en 2022 se registró una reducción de 3,8 pp de las bajas de contratación.
En relación con la inversión pública en 2022, y a pesar del +5,1% registrado hasta septiembre, Seopan reitera su insuficiencia con unos registros en transporte, depuración y abastecimiento de agua un 52%, 54% y 58% inferiores, respectivamente, con respecto a 2010, y más teniendo en cuenta que las necesidades de inversión pública para la modernización de infraestructuras en España siguen creciendo, con un mínimo de 253.000 millones de euros en áreas básicas relacionadas con el agua y medio ambiente, la movilidad, la energía, la salud y la infraestructura verde.
Concluye Seopan que se incrementarán, además, por los nuevos y exigentes requisitos de la propuesta de Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas en tratamientos terciarios y cuaternarios y otras actuaciones, y el impacto del REPowerEU a desarrollar por la Comisión Europea, con especial relevancia del binomio agua-energía asociado a infraestructuras en la presente década, destacando entre otros ejemplos la red de infraestructura de recarga pública, el programa OnShorePowerSupply (OPS) en los puertos de interés general, el 50% de neutralidad energética en EDARES o la dotación adicional de 3,5 GW en nuevas centrales de bombeo hidráulico puro para almacenamiento energético.
La corrección en plazo del referido déficit inversor para cumplir los objetivos derivados del cumplimiento de la Agenda 2030, constituye una prioridad nacional. En palabras del presidente de Seopan, “la ausencia de una estrategia nacional y de un pacto de estado sobre infraestructuras sigue penalizando su contribución a la mejora de nuestra competitividad y de nuestro desarrollo social y económico”.
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