“El Real Decreto-Ley, por el que se regulan las ayudas a la rehabilitación edificatoria procedentes de los fondos europeos, constituye una oportunidad única para que los ciudadanos puedan mejorar de una forma ostensible sus viviendas por una inversión mínima en comparación con lo que supondría rehabilitar en circunstancias normales, sin subvenciones”, afirma Alfredo Sanz, presidente del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE). La entidad colegial aplaude la publicación de esta normativa, que modifica la Ley de Propiedad Horizontal, la Ley del IRPF y la Ley del Suelo para facilitar la rehabilitación de edificios y la regeneración urbana.
Desde el CGATE recuerdan que los edificios residenciales son “máquinas productoras de C02”, y responsables del 40% de las emisiones contaminantes a la atmósfera. “La descarbonización de los edificios es uno de los objetivos de todos los pactos europeos y globales, como el New Deal, la Agenda 20-30, la Estrategia para 2050, etc. que, con la aprobación de esta normativa, comienza a ser una realidad para nuestro país”, considera Sanz.
Según datos del último Censo de Población y Viviendas del Instituto Nacional de Estadística (INE), más de la mitad de los inmuebles fueron construidos antes de 1980, con anterioridad a la entrada en vigor de la primera normativa reguladora de las condiciones térmicas de los edificios. Una situación que afecta a cerca de 5,5 millones de edificios residenciales y unos 9,7 millones de viviendas.
Asimismo, si se analiza la calidad de los edificios existentes a partir de su calificación energética, se observa que más del 81% de los inmuebles se sitúa en las letras E, F o G, en términos de emisiones, aumentando dicho porcentaje hasta el 84,5 % de los edificios en el caso del consumo energético, lo que pone de manifiesto el importante potencial de la rehabilitación energética.
Mientras, los edificios que alcanzan la mejor calificación, la letra A, apenas representan el 0,3 % del total en el caso de las emisiones, y se sitúan en el 0,2 % en el caso de consumo energético. A ello se suma que más de un 75 % de los edificios residenciales no son accesibles y, del total de edificios residenciales que tienen cuatro plantas o más, alrededor de un 40 % no dispone de ascensor.
“Ante esta situación, rehabilitar energéticamente 1,2 millones de viviendas entre 2021 y 2030, o lo que es lo mismo, 300.000 intervenciones en vivienda al año, supone un gran reto que comienza hoy”, mantiene el presidente del CGATE. En este sentido, Sanz destaca la importancia que tiene contar con un técnico cualificado, que es quien dispone de las herramientas para reducir las necesidades de consumo energético del edificio. “Los colegios de arquitectos técnicos están suficientemente preparados para hacer frente a este desafío. Es muy importante rehabilitar con garantías porque habrá que justificar los ahorros energéticos obtenidos con los fondos. En 2024 está comprometida una parte de la superficie que tiene que estar rehabilitada, y, por lo tanto, tenemos que trabajar rápido y bien”, explica.
Para Sanz, “no se trata solo de reducir el precio de la energía, sino también de disminuir su consumo. De ahí que las ayudas estén estructuradas para que cuanto mayor sea la eficiencia que se consiga en el edificio, mayor sea la subvención obtenida. La importancia del técnico radica en la pericia que tenga a la hora de afinar en las intervenciones sobre el edificio, esto es, que con una menor inversión consiga un mayor ahorro energético. De esta manera, tendrá otra cantidad de dinero para mejoras en obras de accesibilidad y complementarias”. Y sentencia: “No podemos plantearnos una reforma sin un técnico cualificado que certifique qué vamos a obtener en eficiencia energética y cuánto vamos a ahorrar, aparte evidentemente de cuánto vamos a conseguir de subvención”.
El programa de ayudas se estructura en varios niveles: a escala de vivienda, edificio y barrio. “La gran mayoría de edificios que van a ser intervenidos son bloques de viviendas, plurifamiliares, por lo que hay que procurar la información más clara y transparente a las comunidades de propietarios”, opina el presidente del CGATE. En este sentido, la medida del Gobierno por reforzar la personalidad jurídica de las comunidades y que estén protegidas por la figura de un aval, aporta un plus para que los vecinos adopten el acuerdo de rehabilitar su edificio, “que es la decisión que menos tiene que costar dadas las circunstancias actuales”.
“Una misión social que tiene el arquitecto técnico es informar al ciudadano y hacerle entender la oportunidad que existe: hay que invertir el circuito e ir en busca de la ejecución de las obras de rehabilitación, contribuyendo a que los fondos se utilicen de una forma adecuada y favorezcan a la mejora energética de las viviendas y, en consecuencia, de la calidad de vida de sus habitantes”, concluye Alfredo Sanz.
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