Rehabilitación y regeneración son dos palabras que corren de boca en boca desde que a mediados de abril el Gobierno anunciara una partida de 6.820 millones de euros destinada a estimular estas dos importantes áreas de la edificación en España. Los fondos comunitarios han situado en un primerísimo plano la necesidad de acercar nuestro parque edificatorio a las necesidades de un siglo XXI comprometido con la descarbonización de la economía y la eficiencia energética.
Rehabilitar y regenerar ciudades formaba parte, hasta hace solo unos meses, de un discurso que parecía manido y restringido a círculos técnicos reducidos y muy especializados, con escaso recorrido -hemos de reconocerlo- entre la ciudanía. Pero el escenario parece que ha cambiado. En un mes escaso se ha generado información equivalente a la de años sobre rehabilitación de vivienda y regeneración urbana.
Sabemos qué se quiere hacer, pero sabemos considerablemente menos sobre el cómo ejecutarlo para garantizar el éxito de la iniciativa. El cuándo se verá concluido es también un enigma.
Bienvenido sea este torrente informativo para sensibilizar a la sociedad sobre esta gran oportunidad que se nos presenta. Conocemos hasta el momento las magnitudes básicas del plan, pero quedan importantes incógnitas por resolver. Sabemos qué se quiere hacer, pero sabemos considerablemente menos sobre el cómo ejecutarlo para garantizar el éxito de la iniciativa. El cuándo se verá concluido es también un enigma. El Gobierno da por hecho que este mismo año recibirá una partida de 27.000 millones de los 140.000 millones que a España le han correspondido del Fondo de Recuperación de la UE. Por tanto, habrá que esperar acontecimientos.
Recordemos brevemente los parámetros básicos de lo ya conocido. Se destinarán 6.820 millones a esta contingencia en un plan trianual. Mil millones se encaminarán a la construcción de vivienda social nueva. Los otros 5.820 millones estimularán la eficiencia energética de los edificios. El 70% de esa suma, algo más de 4.000 millones de euros, se destinará al parque edificatorio de vivienda. El resto, 1.740 millones de euros, se encaminará a la mejora de edificios públicos.
En el caso de la edificación residencial, el objetivo es mejorar la eficiencia energética de unas 500.000 viviendas en tres años. Difícil objetivo, dicho sea de paso, cuando estamos ahora en 30.000 anuales. Las subvenciones concedidas oscilarán entre el 35% y el 70% en función de la disminución del consumo de energía primaria no renovable que se consiga. Algunas podrían llegar hasta el 100%.
A mayor disminución del consumo de energía primaria no renovable, más subvención, de forma que recibirán más dinero aquellas actuaciones que tarden más en amortizarse, siempre garantizando un mínimo de disminución del 30%. El paquete de ayudas incluye, además, deducciones fiscales por rehabilitación de vivienda. Beneficios en el IRPF que oscilarán entre el 20% y el 60% del importe de las obras justificando la disminución del consumo de energía primaria no renovable ya mencionado.
Hasta aquí las reglas del juego. Mientras llegan los fondos, se han dado los primeros pasos para articular la gestión de estas ayudas. El Mitma ha planteado la figura de un “agente rehabilitador” como referencia de todo el proceso. Es decir, un técnico, entidad o empresa que gestione y solicite ayudas, e informe y coordine todo el proceso, liberando así de los laberintos burocráticos a los administradores de fincas y a las comunidades de propietarios. Este planteamiento coincide con las demandas que habían manifestado distintos agentes de la edificación.
Mientras llegan los fondos, se han dado los primeros pasos para articular la gestión de estas ayudas. El Mitma ha planteado la figura de un “agente rehabilitador” como referencia de todo el proceso
Aparejadores y arquitectos técnicos damos de nuevo un paso al frente ante esta oportunidad de paliar uno de los ancestrales problemas del parque edificatorio español. Porque el aparejador es un técnico cuyo perfil reúne todas las características necesarias para ese papel tan importante de “agente rehabilitador”. Aglutina en su persona, por una parte, el conocimiento de una normativa en la materia sumamente dispersa. Conoce la tecnología, los materiales y las soluciones constructivas más adecuadas para cada actuación y es, por su propia vocación y naturaleza, el responsable de la ejecución de la obra con arreglo a unos plazos concretos y a un coste previamente establecido. No menos importante es su capacidad para la dirección y coordinación de equipos humanos.
Asimismo, desde nuestra institución queremos poner en valor, ante el hito reseñado en este artículo, en unas condiciones de mercado realmente difíciles por los sucesivos cambios normativos y la irrupción constante de nuevas tecnologías, sistemas y productos, de la garantía que al sector le ofrecen cuestiones como la certificación profesional acreditada de los técnicos, auténtico aval del potencial y actualización constante que los mismos pueden aportar.
La Agencia de Certificación Profesional (ACP) es una entidad que certifica el desempeño y conocimiento de los profesionales de la edificación con criterios equitativos, imparciales y objetivos. Está acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación (Enac) para certificar profesionales bajo la norma UNE-EN ISO/IEC 17024:2012, y entre las diferentes especialidades que tiene acreditadas se encuentra la de Consultor Técnico en Edificación, cuyo perfil encaja a la perfección con las habilidades requeridas para ser protagonista destacado en un proceso de esta envergadura.
Las administraciones, sin embargo, tienen la obligación a partir de ahora de ponerlo fácil. Por lo que ha trascendido en las primeras reuniones, las comunidades autónomas serán las encargadas de gestionar un modelo estructural único con ciertas posibilidades de pequeñas matizaciones propias. Afortunada noticia, que minimizará mucho y nos librará de 17 modelos distintos a la hora de acceder a los fondos de rehabilitación. En las comunidades se abrirán Oficinas de Rehabilitación para informar adecuadamente de todos los planes.
También ha trascendido que se está trabajando desde el Mitma en la posibilidad de un nuevo elemento de apoyo que se llamaría “Libro del Edificio Existente”. Con este instrumento, se trataría de obtener una radiografía del inmueble real con un apéndice que contuviera toda la potencial mejora para cada edificio residencial con costes de implantación de la mejora energética, fases, conservación o accesibilidad. Este libro se pretendería que no tuviera coste para las comunidades de propietarios y fuese el punto de partida para la toma de decisiones.
En los próximos meses todo el proceso irá cobrando forma.
Es de esperar que el diseño final permita que todos estemos a la altura. Las circunstancias recientemente vividas han desnudado las carencias de nuestras viviendas y de nuestras ciudades. Ahora no podemos dejar escapar esta oportunidad única para mejorarlas.
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Este artículo aparece publicado en el nº 569 de CIC, págs. 8 y 9.
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