A través de su presidente Fernando Ferrando Vitales, la Fundación Renovables compareció este jueves, 10 de septiembre, en el Congreso de los Diputados, con motivo de su inclusión y participación en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, para exponer sus aportaciones y observaciones a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCyTE).
En ella, reconoció “el gran esfuerzo que el Gobierno actual ha llevado a cabo a pesar de las adversidades, sobre todo en el primer semestre de 2020, con la elaboración de varios planes y normas, algunos todavía en proceso de aprobación y consulta pública”, a la vez que reclamó “la imperante necesidad de poner en valor las funciones del Parlamento y del poder legislativo, que tiene que ser el garante que dé estabilidad e importancia en el tiempo a la LCCyTE, supervisando los compromisos y los objetivos adquiridos a través de ella, englobando e incluyendo en su marco la transformación, los mandatos o las modificaciones de las leyes vigentes y la presentación de anteproyectos de nuevas iniciativas. Por tanto, es necesario una mayor amplitud del cambio y exigencia de normativa”.
Respecto al articulado, desde la fundación observan que hay una heterogeneidad en el alcance, la profundidad y el desarrollo de muchos conceptos contenidos en ella, con una excesiva relevancia en unos puntos y cierta laxitud en otros que consideran fundamentales y prioritarios, como es el caso de las energías renovables, la generación distribuida, la rehabilitación energética, la política fiscal activa y una mayor actuación en las ciudades y en desarrollo urbano: “Si profundizamos en los objetivos marcados, lamentamos la falta de ambición y exigencia que, como en los sucesivos borradores, ha caracterizado al alcance de los objetivos contenidos en esta iniciativa legislativa desde junio de 2018, aceptando el déficit histórico respecto a los compromisos adquiridos ya para este mismo 2020”, afirman.
A modo de ejemplo de liderazgo y de labor parlamentaria, la Fundación Renovables destaca que la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo (PE) revisó este jueves el objetivo de reducción de emisiones de GEI para 2030, aumentándolo del 40% al 60%, “reflejando una ambición climática sin precedentes”, lo que conlleva que la LCCyTE, “con su escueto 20%, fije solamente un tercio respecto al objetivo de reducción de GEI votado en el PE y contenido en la Ley Europea del Clima”. En este sentido, la fundación ve factible y exige un aumento de ese objetivo al 51% para 2030, permitiendo no poner en riesgo la consecución del 100% para 2050, y la eliminación del uso de combustibles fósiles.
Objetivos más acordes con la meta
Por ello, desde la Fundación Renovables reclaman, como parte de un análisis más exhaustivo sobre la LCCyTE que publicará el próximo 1 de octubre, que durante la proposición de enmiendas por parte de los diferentes partidos políticos se aumente considerablemente su ambición con objetivos más acordes con las necesidades de la meta que acertadamente se fija en el texto.
Por otro lado, siguen echando de menos el compromiso para desarrollar un cambio en la estructura de consumo en origen hacia un modelo de gestión de la demanda que implicaría, junto a su electrificación, la democratización de la energía, dando protagonismo a la ciudadanía y facilitando la consecución de un sector energético descarbonizado y basado 100% en energías renovables. En este sentido, tampoco se plantean, en su opinión, objetivos de penetración de autoconsumo, ni en potencia ni en energía.
De igual modo, los objetivos de rehabilitación energética adolecen -según denuncian- “de un compromiso temporal y de una ejecución que esté en línea con la recuperación económica que tenemos por delante. Pero el punto más llamativo es la total ausencia y el no reconocimiento de la Política Fiscal como instrumento principal para incentivar y desincentivar, en función del gravamen, comportamientos e iniciativas”. Asimismo, otro aspecto que se echa en falta, según la Fundación Renovables, es el protagonismo que debe dar la LCCyTE a la actuación en ciudades y en municipios, a los que consideran los principales motores para el cambio hacia el nuevo modelo energético.
Ferrando finalizó su intervención señalando que “cuando algo quiere cambiar el mundo, no puede dejarlo como estaba. Queremos una LCCyTE que, desde su desarrollo parlamentario, con el más amplio consenso político, entendiendo que el consenso no deba ser la excusa de la rebaja de exigencia, sea el paraguas que establezca qué país y qué sociedad queremos para el día de mañana”.
Funciona mediante una fuente de energía renovable, pues aprovecha el calor del aire.
Se presenta como un instrumento del sector para contribuir con espacios dedicados al asesoramiento personalizado.
Las ventas durante el primer semestre han sido de 692 millones de euros, ligeramente inferiores a las del mismo periodo del año anterior.
Consta de nuevas tipologías ideadas para adaptarse a distintas necesidades de iluminación en el hogar o en espacios de trabajo.
Su incorporación en cualquier proyecto supone una importante actuación de ahorro energético y una mejora considerable de la salubridad.
La empresa resultante tendrá un volumen de negocio agregado de aproximadamente 500 millones de euros y un total de casi 700 empleados.
Los dos sistemas son la fachada ventilada y la fachada con Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE).
La nueva versión permite operar tarifas fijas como flexibles, reduciendo así la factura de la luz para millones de hogares en España y Europa.
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