La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) denuncia que las distintas administraciones públicas en España están anulando la competencia al disparar de manera significativa el uso de medios propios para ejecutar contratos públicos. De esta manera, entre enero y junio de 2023, la utilización de medios pertenecientes a las propias administraciones creció un 36% sobre el mismo periodo de 2022.
La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) reclama prorrogar urgentemente el sistema de revisión excepcional de los precios de los contratos de obras públicas ante su vencimiento el próximo mes de marzo, ya que la finalización del mecanismo supondría una amenaza para la actividad del sector y, por ende, comprometería las inversiones contenidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
En opinión de la Confederación Nacional de la Construcción, son cifras que revelan el fracaso de los tres Reales Decretos-ley de revisión de precios aprobados en Consejo de Ministros entre marzo y agosto de 2022, además de suponer una amenaza directa tanto para las inversiones contenidas en el PRTR como para la ejecución de los fondos europeos.
El objetivo de esta propuesta de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) es evitar que “el inasumible encarecimiento de las obras, superior al 30%, provoque una oleada de cierres de constructoras”, ya que, como recogen en un informe, el RD-ley 3/2022 y su modificación en el RD-ley 6/2022 contemplan una serie de condicionantes y umbrales que discriminan al 95% de las obras, aproximadamente.
Se modifica el Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, ampliando el ámbito de aplicación de la revisión excepcional de precios a las obras que se encuentren en alguna fase del proceso de contratación y a aquellos contratos cuya licitación se produzca en un plazo de un año, desde la entrada en vigor del nuevo Real Decreto-Ley.
Según informa la CNC, la energía supone en torno al 30% del coste de las obras, por lo que ha solicitado al Gobierno, de manera urgente y decidida, a computar la “insoportable” factura de la energía en el Real Decreto-ley aprobado el pasado 1 de marzo con medidas de carácter extraordinario para revisar, excepcionalmente, los precios de los contratos públicos de obras afectados por la subida de los precios de los materiales.