Reimpulsar la rehabilitación, última llamada

Desde el primer impulso a la rehabilitación de nuestras viviendas con el Real Decreto 853/2021 han pasado cuatro años, y debemos mirar hacia atrás antes de tomar aire y seguir con la carrera para la reducción de la huella de carbono del sector de la edificación y nuestros compromisos como país.

Antes de acudir a los datos, pensemos cómo hemos experimentado este proceso como ciudadanos/as, saliendo de muchos meses de clausura obligada por la pandemia de covid-19, comprendiendo mejor cómo son los espacios donde vivimos y la necesidad de adaptarlos, invirtiendo en ellos dinero público, para mejorar su eficiencia energética y, en algunos casos, su accesibilidad. Europa nos dice que es la oportunidad de aminorar, incluso de hacer desaparecer, nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Seremos más verdes, más justos y más limpios. En consecuencia, dejaremos un planeta mejor para las siguientes generaciones. 

Un objetivo de esta envergadura, más allá de los datos, barómetros y estadísticas, debe dejar señales evidentes de transformación en nuestras ciudades. Nuestras calles deberían mostrar estos cambios con multitud de andamios de las obras de mejora de las fachadas y cubiertas, ocultando el sueño de una nueva calle, fruto de las transformaciones de sus edificios. 

Sin embargo, la realidad, en la calle y también en las estadísticas de los Colegios de Arquitectos, es otra. Si bien es cierto que, en el primer semestre de 2024, se han visado para gran rehabilitación el 80% de las viviendas autorizadas en todo el año 2023, evidenciando el efecto positivo de los fondos europeos Next Generation, aún estamos lejos de los objetivos de descarbonización marcados por la ERESEE y el PNIEC para 2030 y 2050. 

Si, en el reto de adaptar nuestros edificios y viviendas a las demandas reales de la población del siglo XXI y a la crisis climática, reducimos nuestras obligaciones como país a transformaciones puntuales, habremos fracasado, a pesar de los beneficios sociales, ambientales y económicos que hemos incorporado a nuestro conocimiento colectivo. Los incentivos económicos pueden ayudar más que una cultura verde, pero no siempre van a acompañarnos y, cuando estos desaparezcan, nos encontraremos ante una difícil situación: confiar en que, como sociedad, hayamos adquirido la conciencia suficiente para seguir o que unas políticas castigadoras acaben la misión. 

Mientras, observamos actuaciones dispares en cubiertas con fotovoltaicas, cambios de calderas por aerotermias, sustitución de ventanas y actuaciones integrales salpicadas por nuestras calles. El caso de la fotovoltaica resulta, cuando menos, curioso. Las guías sobre rehabilitación que hemos editado aconsejan esta opción en tercer lugar, complementaria, siempre, a la mejora de la envolvente y la sustitución de los sistemas de climatización. Tiene sentido buscar primero la reducción de la demanda energética con edificios más eficientes, que se comporten mejor frente a las acciones existentes; segundo, tras la reducción de la demanda, podremos atender la climatización del interior con sistemas de bajo consumo y, por último, resulta necesario incorporar energías renovables que nos acerquen a la neutralidad, en cuanto a dependencia energética se refiere.

Debemos preguntarnos qué está pasando. ¿Es preciso llenar de placas solares las cubiertas de los edificios, esperando que el impacto del coste de la energía en nuestras resentidas economías familiares se amortigüe? Esta situación se ha visto favorecida por soluciones inmediatas de llave en mano, donde la amortización de las mismas está garantizada, con o sin ayudas. Tan sólo es una cuestión de tiempo. Además, en el impuesto de la renta ya podemos recuperar parte de la inversión y, de paso, sentirnos un poco verdes. 

Sin embargo, actuaciones que resultan indispensables quedan relegadas entre gestiones y trámites burocráticos desincentivadores. Una rehabilitación tediosa echa por tierra muchas más y acaba con la confianza de la población en el proceso, mientras se abren camino cambios de ventanas y más placas solares, cada una con sus ayudas y ventajas fiscales, que no resuelven el problema de raíz. Solo constituyen una forma de ir gastando el dinero de Europa y reducir un poco la factura mensual. 

El mencionado Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, es una herramienta fundamental para impulsar la rehabilitación del parque edificatorio en España. El objetivo es mejorar la calidad de vida con viviendas rehabilitadas más confortables, saludables y eficientes, lo que, a su vez, contribuye a reducir la pobreza energética al optimizar la eficiencia energética de los edificios, y a la consecución de los objetivos climáticos, sin olvidar que todo ello supone la creación de puestos de trabajo en el sector de la construcción. 

Dentro de las ayudas económicas, el RD proponía un instrumento esencial en la renovación profunda que necesita el parque edificado en España: el Libro del Edificio Existente. El LEE recopila toda la información técnica y administrativa de un edificio construido. En él, se detallan sus características, su estado actual y las intervenciones que ha sufrido a lo largo de su vida. Proporciona un diagnóstico riguroso de su situación y permite planificar obras de rehabilitación o mejora y gestionar el edificio a largo plazo, ya que ofrece una visión global de sus necesidades de mantenimiento y conservación y su potencial de mejora en términos de accesibilidad, utilidad, seguridad y eficiencia energética. De esta forma, sus propietarios obtienen un conocimiento preciso de su vivienda y todas las opciones posibles para intervenir en ella con programas de actuación adaptados, que, en definitiva, optimizan recursos. 

El LEE debería ser un requerimiento indispensable para incorporar una cultura de la conservación de los edificios que no tenemos. Invertimos casi una vida laboral en comprar una vivienda y, luego, hacemos muy poco por ellas, más allá de lo estético. Por el contrario, el sector de la automoción, con el apoyo de la Administración Pública, ha logrado que arraigue una cultura del mantenimiento de una máquina que, nada más salir del concesionario, se devalúa y, así, año a año, mayor mantenimiento y menor valor. Todo por un objetivo de seguridad que no es menor en el caso de nuestras viviendas, que, además, se revalorizan. La paradoja es pretender que estén como el primer día sin mantenimiento alguno.

El Barómetro de los Hogares de Saint-Gobain revela que el interés por actuar en nuestras viviendas empieza por cambiar la cocina, seguido del suelo, y deja muy atrás el cambio de ventanas y los sistemas de climatización. Las acciones integrales sobre la envolvente y las rehabilitaciones profundas quedan para el último lugar. Tan sólo un 6,6% de la población está interesada en ellas. 

Aún resulta más dramático ver que el interés por rehabilitar con intervenciones que reduzcan la demanda de energía es inversamente proporcional a la edad. La generación boomer (entre 60 a 70 años) es la menos interesada, mientras que, a medida que nos acercamos a la generación Z (entre 18 a 29 años), pasando por la generación X y millennial, aumenta el interés. Sin embargo, la generación boomer se preocupará más de cambiar su cocina. 

La conclusión no es alentadora y nos aboca a otra paradoja: quienes han resuelto su problema habitacional no quieren rehabilitar y quienes aún no pueden acceder a la vivienda quieren unos edificios más saludables y respetuosos con el medioambiente. 

Así, va a ser complicado dejarles un parque residencial mejor que el que nos legaron y la experiencia nos dice que acabaremos aceptando la vía del palo, en lugar de incentivos y subvenciones, tasas y penalizaciones, bajo el principio del que más contamina, más paga. Todo apunta a que incorporaremos las restricciones del uso del automóvil a la vivienda y que aquellas que no consigan un nivel aceptable de consumo no podrán ser objeto de una transacción económica. 

Para ese futuro, tal vez, muy cercano, tendremos una certificación energética deficiente e inútil, un Libro del Edificio Existente sin un marco normativo que lo desarrolle de forma adecuada y, en consecuencia, una cultura del uso y el mantenimiento de las viviendas casi nula. Frente a esta situación, es hora de acelerar la tramitación y ejecución de los fondos europeos, apostando, desde las administraciones públicas y las instituciones, por concienciar, de forma positiva, a la población de los beneficios de la rehabilitación integral. Porque solo con una visión global, podremos conseguir que nuestras viviendas y ciudades sean espacios más sostenibles, más eficientes y más saludables, aprovechando los recursos históricos que ahora tenemos.