Acuerdo histórico que favorecerá el acceso de la ciudadanía a la rehabilitación energética en Castilla y León

Los colegios que representan en Castilla y León a los principales colectivos profesionales relacionados con la rehabilitación de edificios y la gestión de comunidades de propietarios como corporaciones de derecho público firmaron el pasado mes de noviembre un acuerdo de colaboración interprofesional que se materializó en una propuesta dirigida a la Dirección General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio, y Urbanismo, con el fin de colaborar en la creación de una red de oficinas de apoyo a la rehabilitación que abarca las nueve provincias de la comunidad autónoma.

Se trata de un acuerdo histórico entre estos tres colectivos, representados por dos colegios oficiales de arquitectos -el Coacyle (Ávila, Burgos, Segovia, Soria y Valladolid) y el Coal (León, Palencia, Salamanca y Zamora)-, el Consejo de Colegios de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Castilla y León, y el Consejo Autonómico de Colegios de Administradores de Fincas de Castilla y León.

El objetivo más inmediato de esta colaboración sería apoyar a la Administración autonómica y local en la gestión  y difusión de las importantes subvenciones que vienen de Europa para la rehabilitación de edificios y viviendas. 

La propuesta diseñada preveía la creación de dos oficinas de apoyo a la rehabilitación por provincia, y otras dos más en Ponferrada, ubicándose en cada sede provincial y delegación de los colegios de arquitectos, y de los colegios de aparejadores y arquitectos técnicos, y funcionando como “ventanilla única”, de manera que desde allí se atendería al ciudadano para asesorarle y ayudarle en la tramitación de las solicitudes de subvención. Paralelamente, se prevé la realización de campañas de difusión de las ayudas, para facilitar que su conocimiento llegue a toda nuestra geografía.

Sin respuesta institucional

Si bien de momento no se ha recibido por parte de la Administración autonómica una respuesta positiva, “dada la importancia que esta campaña tiene para la comunidad se sigue trabajando en establecer una estructura que facilite la gestión de las ayudas europeas, para que la rehabilitación de viviendas y edificios llegue a todos los ciudadanos de Castilla y León”, según indican los tres colectivos.

Como explican los impulsores del acuerdo, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) asigna a Castilla y León la meta de rehabilitar 8.000 viviendas con los fondos Next Generation en “muy poco tiempo, y este objetivo se irá acelerando posteriormente para conseguir el compromiso de descarbonización de la edificación para 2050. Europa nos empuja de esta manera a apostar por la regeneración urbana y la rehabilitación, y eso requiere cambiar el actual modelo de crecimiento de nuestras ciudades, constituyendo un proyecto de futuro de vital importancia, que debe ser liderado por los profesionales del sector”.

Esta asunción de responsabilidades y objetivos comunes ha dado su fruto en el acuerdo alcanzado que, “con la esperada colaboración con las administraciones, permitirá a la ciudadanía conocer mejor las posibilidades que este momento histórico nos brinda de cara a mejorar nuestro parque inmobiliario, y con él las condiciones de confort y calidad de vida de los usuarios.

Opinión de los expertos

“La red de oficinas de apoyo a la rehabilitación propuesta constituiría una estructura territorial de apoyo al ciudadano, pudiendo realizar el trabajo de ayuda, información, divulgación, y asesoramiento necesario para cambiar el actual modelo, y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y descarbonización que nos marca Europa”, afirma Susana Moreno, decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este (Coacyle).

“Necesitamos impulsar una transformación profunda para adaptar nuestro parque edificatorio a las actuales exigencias de confort y gestión energética. Trabajaremos en colaboración con todos los agentes que intervienen en el proceso para conseguir que las ayudas lleguen a todos los que las necesitan, en cualquier parte de Castilla y León”, indica Eva Testa, decana del Colegio Oficial de Arquitectos de León (Coal).

Estas ayudas a la rehabilitación coinciden con la enorme subida del precio de la energía, que nos ha hecho ser conscientes de la necesidad de reducir la demanda energética de nuestros edificios. Nuestra región tiene un parque de edificios de vivienda muy envejecido, con grandes posibilidades de mejora para reducir la factura de energía. Necesitamos edificios que gasten menos, señalan los colectivos.

“Muchos de nuestros edificios fueron construidos sin aislamiento o con un aislamiento deficiente. Ahora tenemos la oportunidad de mejorar su eficiencia energética con las ayudas europeas, y conseguir así importantes ahorros de energía”, afirma Jesús Eliz, presidente del Consejo de Colegios de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Castilla y León.

Estas ayudas europeas tienen importantes ventajas fiscales que el ciudadano debe conocer, puesto que subvencionan, no sólo el coste de la obra, sino también el proyecto, el libro del edificio existente y el IVA en el caso de consumidores finales, con lo que el mínimo coste que finalmente debamos asumir, incluso puede desgravarse. 

Además, según el análisis realizado por la empresa Sociedad de Tasación, una vivienda rehabilitada en Castilla y León puede incrementar su valor por encima del 30%, muy superior al 24% de revalorización media de España.

“La rehabilitación integral de nuestros edificios es rentable, no sólo porque su coste se amortiza con el ahorro energético, sino porque se produce un importante incremento de valor de nuestra propiedad. Ahora, además, una parte importante del coste de las obras se financian a fondo perdido con las subvenciones europeas. No podemos dejar escapar esta oportunidad”, indica Jesús Luque Borge, presidente del Consejo Autonómico de Administradores de Fincas.

Este importante paso que han dado los colegios profesionales especializados en rehabilitación de viviendas y gestión de comunidades de propietarios queda a la espera de avanzar en el compromiso de colaboración con la Junta de Castilla y León, con el fin de obtener el máximo provecho del trabajo conjunto entre las instituciones y la consecución de este objetivo común: el beneficio tanto del territorio como de sus habitantes.