Las Cortes Generales aprobaron ayer, 30 de noviembre, por unanimidad, la ratificación del Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático, lo que supondrá el inicio de un proceso de reformas estructurales para reducir las emisiones contaminantes en todos los sectores económicos. Con la luz verde que el Congreso de los Diputados ha dado al instrumento de ratificación, el Gobierno está ya en condiciones de entregarla a Naciones Unidas, sumándose así a este tratadointernacional, que entró en vigor el pasado 4 de noviembre.
Dado el consenso existente por parte de todos los grupos políticos en esta materia, la totalidad de los grupos de la oposición ha reprochado al Gobierno del PP que no haya promovido esta ratificación antes, con el fin de que España hubiera formado parte ya del acuerdo en el momento de su entrada en vigor. La diputada del PP Belén Bajo ha argumentado al respecto que “no ha habido ninguna intención” tras esa demora, y que “solo obedece a que un Gobierno en funciones no podía ratificar un tratado internacional de este calado”, informa Efe.
Bajo, quien ha definido el de ayer como “un día histórico para España en la lucha contra el cambio climático”, ha añadido que el hecho de que el proceso de ratificación de estas características que suele tardar seis meses se haya producido en menos de 15 días demuestra el compromiso del Ejecutivo con este tema.
Condiciones para la entrada en vigor
Las condiciones para que el pacto entrara en vigor -que al menos 55 de los países lo hubieran ratificado sumando más del 55 % de las emisiones mundiales- se dieron el 4 de noviembre, solo 11 meses después de su aprobación frente a los más de siete años que tomó este proceso en el Protocolo de Kioto.
A día de hoy, el pacto del clima suma 115 ratificaciones de países que representan un 85% de las emisiones mundiales, y que se comprometen a desarrollar esfuerzos a nivel nacional para que la temperatura del planeta se mantenga muy por debajo de los dos grados a finales de siglo, y si es posible, no superar los 1,5.
Para ello, los países se comprometen a presentar compromisos nacionales de reducción de emisiones cada cinco años, siempre al alza en cada revisión, y los más ricos asumen el apoyo financiero y la capacitación de los más pobres, tanto para adaptación al calentamiento como para que su crecimiento sea bajo en carbono.
En esa línea, España no solo ratificó ayer el Acuerdo de París, sino también su primera contribución de reducción de emisiones en el marco del mismo, que implica una disminución de gases en los sectores difusos (transporte, agricultura, residuos o edificación) de un 26% y de un 43% en el sector industrial, ambas para 2030 y con respecto a niveles de 2005.
El Congreso afronta ahora el reto de articular todas las medidas necesarias para cumplir con el Acuerdo de París en una Ley de Cambio Climático, que será tratada en una comisión dedicada a esta materia, que en estos momentos es solo “de estudio” y que hasta tres grupos (PSOE, Podemos y Ezquerra Republicana) pidieron ayer que sea “legislativa”.
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