Con su Estrategia de Eficiencia Energética, Castilla y León prevé reducir las emisiones de CO2 en más del 30% hasta 2020

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado la Estrategia de Eficiencia Energética, que proyecta 79 medidas con el reto de reducir en más del 30% el consumo de energía y las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en la comunidad hasta el año 2020. La inversión pública y privada estimada para alcanzar este objetivo, que está 10 puntos por encima del fijado por la Unión Europea, se eleva a casi 800 millones de euros.

El documento, elaborado por la Consejería de Economía y Hacienda, da continuidad a los Planes de Eficiencia Energética desarrollados en los periodos 2002-2007 y 2008-2012, que han permitido a la comunidad avanzar en esta materia hasta lograr en 2013 un ahorro energético del 20,89% en relación con los indicadores de 1990. Este dato implica que Castilla y León ha cumplido siete años antes las metas marcadas por la Estrategia Europa 2020.

La Estrategia de Eficiencia Energética 2020 diseñada por la Junta es más ambiciosa en sus objetivos y propone rebajar el 32,45% el consumo de energía final y el 30,24% las emisiones contaminantes al finalizar la década actual. Todo ello sin alterar el mix autonómico de generación eléctrica, donde el carbón mantiene su hueco por razones estratégicas y las energías renovables conservan un papel preponderante.

Esfuerzo inversor de casi 800 millones de euros

La ejecución de las 79 medidas programadas implicará un esfuerzo inversor de 799,1 millones de euros hasta 2020, que serán aportados por el sector privado (547,9 millones) y por el público (251,2 millones), tanto con fondos de carácter autónomo como estatales y europeos, con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), a través de diversos instrumentos como subvenciones, préstamos a coste cero o a bajo interés, inversiones directas o participación en proyectos estratégicos.

El sector industrial absorberá el 51,3% del volumen global de recursos, seguido del sector de edificación (25,1%), del transporte (10,8%), de las mejoras en servicios públicos de las administraciones locales (10%) y de la Administración autonómica (2,4%). Al capítulo de I+D+i se dirigirán el 0,3% de los fondos y, por último, a iniciativas de difusión, el 0,1%.

En el sector edificación, se establecen medidas de apoyo para mejora en los sistemas de climatización, iluminación y otros equipos consumidores de energía, así como para la rehabilitación de la envolvente térmica. Además, también se fijan incentivos para los edificios de consumo de energía casi nulo. Estas medidas se apoyan en la certificación energética de edificios, al ser ésta una herramienta que evalúa el consumo de energía del edificio y permite valorar la idoneidad de implantación de las mejoras.