La reciente aprobación en el Parlamento Europeo de la nueva versión de la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios supone un paso más hacia el objetivo de descarbonización de la economía europea como gran reto frente al calentamiento global y, en general, hacia el cambio ecológico que necesitamos.
Las constantes renovaciones de la Directiva, desde su primera versión de 2002, han incrementado el ámbito sobre el que incide. Inicialmente, era solo la nueva edificación, y desde 2012 también el parque existente. Además, en cuanto a los aspectos que hay que considerar, primero el uso de energía y las emisiones generadas durante el uso del edificio y, desde esta nueva versión de la Directiva, también las generadas durante todo el ciclo de vida del edificio.
El estándar de edificio de cero emisiones -un edificio con una demanda de energía muy baja, cero emisiones de carbono procedentes de combustibles fósiles in situ, y cero o una cantidad muy baja de emisiones de gases de efecto invernadero operativas- que deben cumplir los edificios nuevos ya en 2030, pero también todos los edificios del parque en 2050, es el objetivo esencial de la nueva versión de la Directiva.
Pero es un objetivo que se extiende también a las emisiones generadas a lo largo de todo el ciclo de vida del edificio y, especialmente y por su significación, a las producidas en los procesos de fabricación de los materiales de construcción. El Potencial de Calentamiento Global (PCG) es el indicador que la nueva versión de la Directiva determina para extender progresivamente el concepto de cero emisiones a todo el ciclo de vida del edificio y no sólo a su fase de uso.
Es una novedad porque supone que la exigencia de descarbonización a la industria de materiales no sólo provenga de los mecanismos que la Unión Europea (UE) tiene establecidos ya en el ámbito industrial, sino que pide que esa exigencia se exprese también desde el lado de la demanda. Es un reto importante para el sector industrial y, por extensión, para todo el sector de la edificación.
Pero no sólo es eso. El PCG introduce la visión del ciclo de vida como la manera de entender y evaluar el impacto ambiental del sector. El potencial de calentamiento global no es sino uno de los impactos ambientales reconocidos por la UE, y su sistematización dentro del sector es un primer paso para introducir la evaluación del resto de los impactos. El sistema europeo de indicadores Level(s), que cada vez será de mayor aplicación, es el principal soporte para la introducción del Análisis de Ciclo de Vida como un instrumento clave en la evaluación ambiental del sector.
El reciente anuncio del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) de la aparición a medio plazo de un nuevo Documento Básico del CTE bajo el epígrafe ‘Sostenibilidad’, es el establecimiento del marco reglamentario donde esas nuevas exigencias van a ir encontrando acomodo.
Pero también la nueva Directiva extiende la responsabilidad del sector al parque edificado. Ya es de común conocimiento que la neutralidad en emisiones no se va a conseguir únicamente con edificios nuevos cero emisiones, sino que el uso del parque existente -uno de los más ineficientes de Europa- supone una elevada demanda energética, que debe remitir. La extensión a los edificios existentes del nuevo estándar de edificio cero emisiones implica considerar la rehabilitación, la renovación energética, como la actividad decisiva para conseguir el objetivo de un sector descarbonizado el 2050.
Ya sabemos que la rehabilitación -no sólo energética- del parque edificado es un tema complejo, con muchas aristas que pulir. Ha crecido sobre instrumentos pensados para otros fines y otras escalas, y la actual Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España (ERESEE), plantea la intervención de más de 7 millones de viviendas principales en España antes de 2050, alcanzando un ritmo de rehabilitación de 350.000 viviendas a partir de 2030. Y parece muy ambiciosa.
Evidentemente, el sector de la rehabilitación necesita inversión pública y privada. Pero ya hemos visto, con la aplicación de los fondos Next Generation destinados a la rehabilitación, que la financiación no es el único problema. Es necesario también un modelo de organización que encaje a los actores con la máxima eficiencia. Y la nueva versión de la Directiva aporta herramientas para ello.
En la nueva edición, la estrategia nacional de rehabilitación que la antigua versión exigía revisar trianualmente, debe convertirse en un Plan nacional de renovación de edificios que formará parte del Plan nacional integrado de energía y clima. Un plan con objetivos y presupuesto que deberá renovarse quinquenalmente y que deberá asegurar que se alcanza la neutralidad climática en el parque en 2050. El primer Plan nacional deberá presentarse a la Comisión Europea antes del 31 de diciembre de 2026. El Anexo II de la Directiva establece la lista de condiciones que debe cumplir el Plan nacional, con alcances en 2030, 2040 y 2050. Una verdadera herramienta estratégica para transformar el sector y orientar sus objetivos.
Una herramienta que se complementa con otra a escala de edificio: el pasaporte de renovación. Aunque no se considera aún obligatorio, el pasaporte de renovación es una hoja de ruta adaptada para la renovación en profundidad de un edificio concreto en un número máximo de etapas, que debe mejorar significativamente su eficiencia energética y le haga alcanzar el estándar cero emisiones.
El pasaporte de renovación debe permitir distribuir de forma viable y coordinada las intervenciones e inversiones necesarias para que cada edificio concreto alcance la descarbonización en 2050. Un plan de inversiones que debe permitir ajustar el esfuerzo económico, acceder a la necesaria financiación, informar del valor real del edificio, así como comunicar las necesidades reconocidas por cada comunidad de propietarios y poder crear así el mercado eficiente que necesitamos.
La nueva versión de la Directiva incide en muchos más campos: normas mínimas de eficiencia energética, extensión de la captación de energía solar, características de los sistemas técnicos para mejorar su eficiencia e integrarse en un modelo energético renovable, ajustar el rol de la edificación en la movilidad eléctrica y sostenible, el impulso a la financiación a la rehabilitación, ventanillas únicas y, muy importante, un fortalecimiento de los certificados de eficiencia energética para garantizar su robustez como herramienta informativa.
En cualquier caso, una revisión profunda, una actualización de muchos temas que ya estaban establecidos en las versiones anteriores, y que ahora se encajan en el objetivo de la descarbonización del parque y recogiendo objetivos como la lucha contra la pobreza energética o el mantenimiento de la calidad de nuestro entorno construido europeo mediante la Nueva Bauhaus Europea, que quiere juntar los objetivos de descarbonización, inclusión, y belleza, entendida desde la dimensión cultural de nuestros pueblos y ciudades.
De lo que no cabe duda es que la progresiva extensión del campo de interés de la Directiva nos muestra el perímetro de lo que debe ser el campo de acción de nuestro sector. Y ya no se trata de un sector dedicado esencialmente a la nueva edificación, hablamos de un sector dedicado a la producción y el mantenimiento de la habitabilidad cumpliendo unas exigencias ambientales cada vez más elevadas. Y ello incluye no sólo la nueva edificación, no sólo la rehabilitación, sino la consideración de todos los recursos implicados en esa oferta de habitabilidad.
Un nuevo sector que demanda a todos sus agentes -propietarios, fabricantes, promotores, constructores, técnicos, administración en sus distintos niveles, financieros, etc.- un esfuerzo de adaptación para la que quizá sea la última oportunidad para emprender la necesaria tarea de descarbonizar nuestro sector.
Este artículo aparece publicado en el nº 593 de CIC, págs. 18 y 19.
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