De las 40 entidades públicas españolas que se han adherido al Manifiesto promovido por la Plataforma Española de Edificación Passivhaus (PEP) -asociación sin ánimo de lucro que engloba a profesionales, empresas y personas con inquietudes y conocimientos en el campo de la eficiencia energética en la edificación- para extender el compromiso de las administraciones en el avance del cumplimiento de las exigencias europeas en materia de construcción de edificios más eficientes y menos contaminantes, y abogado por la introducción del estándar Passivhaus en sus políticas locales, 34 son consistorios.
Algunos ejemplos recientes son el Ayuntamiento de Villamediana de Iregua en La Rioja, cuya biblioteca municipal está certificada bajo el estándar Passivhaus y, además, ha incorporado en su planeamiento y para su propio suelo la obligatoriedad de que los edificios que se desarrollen en él sean bajo el estándar Passivhaus; o el Ayuntamiento de Vitoria, que está estudiando incorporar medidas similares en su planificación urbanística y acaba de lograr el certificado Passivhaus para su Palacio de Congresos.
Otras líneas de la Administración autonómica, como la Universidad de Burgos, con un edificio con protección ambiental con certificado Passivhaus, también han tomado la iniciativa hacia la alta eficiencia energética; o el gobierno de Navarra, que en una fuerte apuesta ha optado recientemente por construir vivienda de alquiler social bajo estándar Passivhaus y certificarla para garantizar los resultados. Igualmente, según PEP, el gobierno de Aragón ha mostrado una apuesta firme y decidida por el estándar Passivhaus, anunciando su aplicación en la próxima ejecución de dos rehabilitaciones de edificios de viviendas en Teruel y Alcañiz.
Inmovilismo en el Gobierno central
Con el fin de agilizar la legislación sobre los Edificios de Consumo Casi Nulo (ECCN) antes de los plazos máximos que marca la directiva europea 2010/31 sobre eficiencia energética (todos los edificios públicos de los estados miembros de la Unión han de ser ECCN a partir del 31 de diciembre de 2018 y todos los edificios, sin excepción, han de serlo a partir del 31 de diciembre de 2020), PEP ha intensificado en los últimos meses sus programas, tanto de relaciones institucionales como de jornadas de formación para técnicos de las distintas administraciones.
En el desarrollo de esta labor, la plataforma alerta de cierto inmovilismo de la Administración central hacia la necesaria definición y legislación sobre ECCN. Por ello PEP está intensificando su programa de relaciones institucionales divulgativas, mediante el que ya se ha reunido con diputados y representantes de los distintos partidos políticos mayoritarios, y está propiciando nuevos encuentros con las Comisiones de Energía y Cambio Climático del Congreso de los Diputados, así como iniciará próximamente un calendario de sesiones informativas con diferentes ministerios.
Por otro lado, a nivel local, PEP ha detectado que aunque algunas comunidades están dando ciertos pasos hacia los ECCN, son todavía muy tímidos; y ninguna de ellas tiene normativa específica. Según la percepción de PEP, “la diferencia entre comunidades no responde a incentivos o ayudas económicas sino a la iniciativa de promotores concienciados con los ECCN, en la mayoría de los casos privados o administraciones pequeñas, sobre todo ayuntamientos, que son ahora mismo las instituciones públicas más comprometidas con la edificación energéticamente eficiente”, explica Adelina Uriarte, presidente de PEP.
Entre los objetivos de PEP se encuentra que la definición de ECCN se aproxime lo más posible a los estrictos límites que establece el estándar Passivhaus, uno de los más completos y exigentes del mundo en edificación energéticamente eficiente: una demanda de energía para calefacción y refrigeración menor o igual 15kWh/m² al año; una demanda de energía primaria menor o igual a 120kWh/m² al año; y la práctica ausencia de infiltraciones de aire en el interior de la vivienda o edificio (menor o igual a 0,6 renovaciones/hora).
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