Un 89% de los inmuebles protegidos por un seguro frente a incendio son viviendas

El seguro paga al año 422 millones de euros para arreglar o indemnizar los daños causados por incendios. Esta es una de las conclusiones del informe “¡Fuego! Los incendios asegurados en 2018-2019”,elaborado por Estamos Seguros en colaboración con Cepreven y Tecnifuego.

La mayor parte de los inmuebles protegidos por el seguro frente a incendio son viviendas (89%). El resto se reparte entre comercios (4,7%), comunidades de propietarios (3,3%), industrias (1,4%) y otro tipo de espacios… Sin embargo, el peso de los hogares se diluye notablemente cuando lo que se analiza es el reparto de las indemnizaciones. Las familias reciben el 47% del dinero, mientras que las industrias ingresan el 28% y los comercios otro 13%.

Esto ocurre a pesar de que siete de cada 10 incendios que se producen en España al año ocurren en domicilios. La disparidad se debe a la significativamente mayor gravedad de los daños que ocasionan las llamas en fábricas y negocios. Mientras que un incendio medio en un hogar conlleva el pago de 1.205 euros por parte del seguro, esta indemnización se duplica cuando se trata de comercios (2.416 euros) y casi se multiplica por ocho en el caso de industrias (9.486 euros). Para la elaboración de este informe se han recopilado datos de 22 aseguradoras asociadas a Unespa que, juntas, acumulan un 75% de la cuota de mercado del seguro de multirriesgo en España.

La mayor parte de los inmuebles asegurados frente a incendio se encuentra en las provincias con más población: Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Sevilla… Sin embargo, los territorios donde es más habitual que se produzca un fuego son, en este orden, Vizcaya, Barcelona, Madrid, Valencia y Alicante. Es decir, provincias donde la industria tiene una mayor presencia.

Otra conclusión llamativa que arroja el informe es que las localidades más pequeñas, aquellas que no llegan a los 50.000 habitantes, tienden a sufrir una proporción de incendios más elevada de la que les correspondería por su peso demográfico. Entre tanto, ocurre exactamente lo opuesto con las grandes ciudades. En los municipios de más de medio millón de habitantes se desatan menos incendios de lo que cabría esperar por la cantidad de población que albergan.

Este dato queda confirmado cuando se realiza una comparación de la gravedad media de los incendios por provincias. Álava, León, Huesca, Santa Cruz de Tenerife y Lérida son los territorios que presentan fuegos con un coste medio más elevado. En concreto, indemnizar un incendio ahí sale entre 3.000 y 13.000 euros. Se trata, en todos los casos, de provincias donde la población está repartida y donde no hay grandes áreas metropolitanas, como puede ocurrir en Madrid, Barcelona o Vizcaya, por ejemplo.

Por municipios, los incendios más llamativos se dan en Ceuta, San Cristóbal de la Laguna, Marbella, Manresa y Almería. En estas localidades las llamas generan daños que indemniza el seguro por valor de entre 4.000 y 12.000 euros, según el caso.

Recomendaciones de los expertos

Con el fin de evitar incendios, desde Cepreven se recomienda no sobrecargar los enchufes, comprobar que los cargadores que se emplean con distintos aparatos son los adecuados y nunca dejar un dispositivo cargando encima de una cama o un sofá. Los expertos de Cepreven también alertan de que no se deben aproximar materiales fácilmente combustibles, como cortinas o mobiliario, a fuentes de calor tales como lámparas, braseros o estufas. En la cocina hay que mantener bajo vigilancia en todo momento sartenes y cazuelas cuando se está preparando la comida, así como mantener limpia la campana extractora. Si se utilizan velas o chimeneas, es necesario mantener despejado el entorno y apagarlas cuando no haya personas presentes. También conviene evitar fumar en la cama y, antes de vaciar los ceniceros, hay que comprobar que todas las colillas se encuentran bien apagadas para que no arda la basura.

Asimismo, desde Cepreven recuerdan que la mayoría de los edificios de viviendas disponen de extintores en las zonas comunes. Todos los residentes en un edificio deben saber dónde se ubican y cómo funcionan. Una reacción rápida marca la diferencia.

Si se produce un incendio, hay que llamar al 112 en primer lugar y avisar a los vecinos. Si no se puede controlar el incendio, es necesario evacuar el inmueble. En caso de humo, hay que agacharse, cerrar las puertas para aislar las llamas y no emplear bajo ningún concepto los ascensores. Una vez en lugar seguro, se recomienda esperar a los bomberos para facilitarles la información que puedan necesitar de cara a la extinción del incendio y las tareas de rescate.

Los expertos de Tecnifuego destacan cómo en diversos países europeos, como Reino Unido, Francia, Alemania, Noruega, Suecia o Dinamarca la legislación obliga a instalar detectores que alertan del incendio en las viviendas. Igualmente, los muebles, suelos, telas, etc., tienen que tener unas características de ignifugación, para evitar o retrasar la propagación de las llamas.

En España, recuerdan desde Tecnifuego, instalar detectores u otras medidas de seguridad dentro de las viviendas no es obligatorio, pero los bomberos y demás expertos recomiendan disponer de detector de humos. Especialmente en aquellas viviendas donde residen personas especialmente vulnerables como niños, ancianos y personas con movilidad reducida. Igualmente es aconsejable tener un extintor, una manta ignífuga o una red de rociadores automáticos en el hogar que permita evitar que un incendio se propague.

Para concienciar sobre la utilidad de los detectores, esta asociación inició hace un año la campaña de concienciación “Los incendios matan, pero la protección es posible”, en la que se entregan detectores a personas mayores o con discapacidad. Desde Tecnifuego también subrayan que, para reducir el número de muertes, es fundamental el apoyo de las Administraciones Públicas: en la concienciación de la ciudadanía, en los cambios legislativos que incrementen las exigencias en protección contra incendios, así como en la aplicación rigurosa de las inspecciones y el cumplimiento legislativo.