El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) acaba de iniciar el trámite de consulta pública previa sobre la redacción de un anteproyecto de Ley de Arquitectura y Calidad del Entorno Construido, tal y como anunció este martes, 30 de junio, el ministro. Con esta iniciativa legislativa, Mitma, como impulsor y responsable de la elaboración de la Agenda Urbana Española, continúa con la puesta en marcha de su Plan de Acción.
El trámite de consulta pública, que se realiza de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 26.2 de la ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, tiene el objetivo de mejorar la participación pública en el procedimiento de elaboración de las normas, con carácter previo a la elaboración del correspondiente borrador o borradores, permitiendo que los ciudadanos, asociaciones y organizaciones que lo deseen puedan hacer llegar al departamento sus observaciones y propuestas. En este caso, lo podrán hacer hasta el próximo día 31 de julio de 2020.
Con este proyecto se plantea el reconocimiento de la arquitectura y la calidad del entorno construido como bien de interés general con el objetivo de preservar, difundir y fomentar la calidad de la arquitectura y el entorno construido como elementos básicos para la mejora de las condiciones de vida de las personas, en línea con lo manifestado en la Declaración de Davos de 2018: “El diseño del entorno construido, las relaciones entre los objetos y su entorno construido y natural, la coherencia territorial, la escala y la materialidad, son factores que tienen un impacto directo en nuestra calidad de vida”.
Utilización racional del patrimonio urbano y arquitectónico
La Agenda Urbana española reclama que la utilización racional del suelo y del patrimonio urbano y arquitectónico debe estar precedida de los valores internacionales que claman ya por un desarrollo urbano sostenible en su triple dimensión social, económica y medioambiental. De esta forma, se pretende, entre otros aspectos, impulsar la calidad de la arquitectura y del entorno construido como elemento básico de la calidad de vida de las personas, promover los vínculos que fomenten el acercamiento de la arquitectura a la sociedad, establecer mecanismos que mejoren la calidad arquitectónica de nuestros pueblos y ciudades, con procedimientos de contratación pública ejemplares, que refuercen los valores de la calidad arquitectónica, contribuir al desarrollo económico y social a través de la renovación y la mejora de la calidad de la edificación y los entornos construidos, la protección del patrimonio cultural y natural o la modernización de la arquitectura.
También se pretende facilitar el impulso de la rehabilitación y renovación urbana, mejorando la eficiencia energética, la accesibilidad, la habitabilidad y la adaptación a las nuevas formas de vida y de trabajo del parque construido existente, incrementando su calidad y capacidad de dar la respuesta adecuada a las necesidades actuales.
De acuerdo con la nota difundida desde el Mitma, este proyecto de ley obedece a la necesidad de complementar lo ya dispuesto en Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE) para garantizar la calidad de la edificación, y desarrollado específicamente en el Código Técnico de la Edificación (CTE), con disposiciones que garanticen la calidad de la arquitectura y del entorno construido, teniendo en cuenta su dimensión cultural e interés social, que permitan mejorar la calidad de vida y la relación de los ciudadanos con su entorno, contribuyendo a la cohesión social. “Y contribuye también a la implementación de la AUE en la medida en que compromete una actuación normativa en el contexto de su propio plan de acción”, según concluye la nota.
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