La patronal reprocha al gobierno regional ser el único que no se ha adherido a las medidas de reequilibrio reguladas en el Real Decreto-ley 3/2002, de 1 de marzo, y alerta de que “la arbitraria e injusta decisión del gobierno madrileño está provocando el cierre de pymes constructoras que trabajan para la Comunidad, sus entidades públicas y ayuntamientos”.
