La Agrupación de Fabricantes de Cemento de España, Oficemen, ha hecho llegar al Ministerio de Industria su preocupación por las consecuencias que puede acarrear la reforma eléctrica para las exportaciones del sector cementero. Desde la patronal explican que, con el objetivo de amortiguar parcialmente la crisis del sector de la construcción en nuestro país, la industria cementera ha hecho un gran esfuerzo durante los últimos tres años para exportar más de seis millones de toneladas de cemento y clínker a 36 países. “De implantarse la reforma tal y como está anunciada -aseguran-, el cemento español desaparecerá de la mayoría de mercados en los que hoy, con gran esfuerzo, compite”, añadiendo que esto supondría “un serio revés para el motor de la exportación que está colaborando a sacar a nuestro país de esta profunda crisis”.
En este sentido, el presidente de Oficemen, Isidoro Miranda, ha subrayado en una carta dirigida al ministro José Manuel Soria que “la pérdida de la prestación del servicio de interrumpibilidad y el consiguiente incremento del precio final eléctrico significará para el sector cementero perder casi en su totalidad el mercado de exportación”. Y aún más, “un mayor incremento de los precios energéticos puede conllevar a cierres, deslocalizaciones y al inminente replanteamiento de las inversiones de la industria cementera en España”, añade.
En este contexto, MCA-UGT ha expresado su preocupación por la difícil situación que atraviesa el sector cementero en la actualidad y ha dado muestras de apoyo a la industria: “Echamos en falta una política energética que apoye a la industria en general y al sector cementero en particular”, ha declarado el secretario general de MCA-UGT, Manuel Fernández “Lito”. En relación con el empleo ha indicado que “los trabajadores están haciendo importantes sacrificios para asegurar la viabilidad de la industria cementera y la reforma eléctrica puede dar al traste con todos estos esfuerzos”.
En el mismo sentido, el secretario general de Fecoma-CCOO, Vicente Sánchez, ha advertido al Gobierno de que “los trabajadores ya están soportando la crisis y si queremos hablar en serio del futuro, la industria cementera necesitará unos costes eléctricos similares a los que tienen otros países de nuestro entorno”, concluyendo que “la reforma planteada lastrará la competitividad del sector cementero cuando, ahora más que nunca, necesita salir al exterior para paliar la escasa demanda interna”.
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