Desarrolla el derecho recogido en la Constitución a una vivienda digna y recoge, entre otras medidas, el impulso de las viviendas públicas. La norma incluye herramientas específicas para estimular el alquiler a precios asequibles y hacer frente a los problemas de acceso a la vivienda habitual en zonas tensionadas. Tras su trámite en la Cámara Alta, se remitirá al BOE para su publicación en un plazo máximo de 15 días.