La normativa europea y española que establece la obligación de instalar repartidores de costes afecta a cerca de un millón y medio de viviendas en España. Todos los edificios que no hayan finalizado la instalación antes de octubre tampoco pueden acogerse a las tarifas TUR, según explican desde Ista. Las comunidades que no estén exentas de la instalación y no la hayan acometido se arriesgan a multas de hasta 10.000 euros.
