CIC Arquitectura Digital.- La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), impulsora de la Ley 15/2010 de Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales, ha pedido al Gobierno que clarifique cuál será el procedimiento y los plazos de cobro de los proveedores cuyos ayuntamientos no han conseguido la aprobación de sus respectivos planes de ajuste. En este contexto, la PMcM denuncia el vacío informativo y burocrático al que se enfrentan las pymes y autónomos que tienen facturas pendientes con consistorios en esta situación.
El presidente de la Plataforma, Rafael Barón, señala que “hemos consultado con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), y en sendas instituciones nos han comentado que todavía no se ha especificado oficialmente cómo y en qué condiciones van a cobrar estos proveedores, en su mayoría pymes y autónomos”.
Y añade que “aunque somos conocedores del firme compromiso del Gobierno sobre que todas las empresas van a cobrar en las mismas fechas independientemente de la aprobación o no del plan de ajuste del ayuntamiento que le adeuda, una postura que nos parece decisiva, no podemos permitir que a pocos días de la fecha prevista para que los proveedores empiecen a cobrar haya empresarios que no puedan conocer todavía cómo será su procedimiento de cobro”.
Por el momento, lo único que se sabe con certeza, según han asegurado fuentes oficiales a la PMcM, es que próximamente se publicará una orden ministerial en la que se especificará cuál será el porcentaje de retención de fondos que se le practicará a los ayuntamientos que no tengan aprobado su plan de ajuste para garantizar así el pago a proveedores, esto es, se van a fijar los aspectos técnicos relativos a la retención que realizará el Estado a las transferencias a los ayuntamientos que no hayan entregado o no hayan conseguido la aprobación de su plan de pagos.
Una vez que todos hayan cobrado del fondo de pago a proveedores, el portavoz de la PMcM, Antoni Cañete, propone que “se arbitre un mecanismo por el que estas empresas tengan la obligación de pagar a su vez a los subcontratistas, para que el dinero fluya hasta el último eslabón de la cadena y que así la efectividad de la medida tenga un efecto cascada real y definitivo”.
Asimismo, Cañete advierte a las entidades financieras de que la PMcM velará por la buena marcha del proceso de pagos a proveedores y recordó a las empresas que la plataforma está a su disposición para “ayudar, denunciar, aclarar y resolver” cualquier irregularidad que se pueda puede producir durante el proceso.
La universidad y la marca han creado la Cátedra Sika, una iniciativa conjunta a través de la cual se busca acercar la química aplicada a la construcción a los estudiantes, potenciando el desarrollo de trabajos de investigación.
La asociación ha mantenido una estrecha colaboración con la Administración y colectivos afines, ha hecho frente a las publicaciones falsas sobre las nuevas directivas sobre eficiencia energética y ha reforzado su labor de interpretación y análisis de normativa y reglamentación.
El arquitecto japonés ha impartido una conferencia en el ciclo Foros, que organiza la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona).
Este concurso de arquitectura no solo pretende incentivar el uso de los sistemas constructivos de la marca en los proyectos presentados, sino que también busca fortalecer las sinergias entre la empresa y el ámbito universitario.
La actividad celebrada en Casa Decor, que reunió a más de 40 profesionales de la arquitectura y el interiorismo, fue la primera puesta en común de dicho estudio, que volverá a mostrarse en ferias y eventos del sector a lo largo del año.
El galardón ha sido para el gres extrusionado de la serie Oslo y su perfecta integración en la piscina del espacio Pool Suite, de Modular Home by Cargo Interiores.
Para optimizar el rendimiento energético, se ha montado el modelo de bomba de calor CHA Monoblock 16/20 con dos equipos de aerotermia FHA 14/17, todos ellos trifásicos.
La asociación “ofrece aportar sus conocimientos para que el Ministerio de Vivienda tenga en cuenta nuestro criterio en aspectos como los programas de rehabilitación, los incentivos fiscales o la certificación de los profesionales que intervienen en la rehabilitación”.
Alerta también de que la prevalencia de los convenios autonómicos fracciona totalmente el régimen jurídico de los convenios colectivos, crea una desigualdad entre territorios y supone una ruptura tanto del diálogo social como de la unidad de mercado en España.
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